Hubo un momento de vergüenza para el ayuntamiento de Alicante esta semana, ya que los vehículos de emergencia, incluyendo la policía y los bomberos, y otros vehículos municipales, no pudieron ser repostados debido a una factura pendiente.
El acuerdo con Ressa (una subsidiaria de Cepsa) fue suspendido temporalmente el lunes, pero restaurado el martes por la mañana tras negociaciones con el licitador exitoso, según explicó el vicealcalde y portavoz del equipo de gobierno, del PP, Manuel Villar.
Esta situación, denunciada por representantes sindicales y por el grupo local del PSOE, habría provocado que las tarjetas de repostaje disponibles para los funcionarios en estas áreas se bloquearan, una vez superado el límite máximo de crédito impago establecido entre las condiciones del contrato de suministro, adjudicado en 2021 por un presupuesto de 595,356.3 euros.
La situación, que -según fuentes sindicales- llevó a que los vehículos fueran detenidos e incapaces de prestar servicio debido a la falta de combustible, llevó al grupo local del PSOE en Alicante a denunciar, a través de un comunicado, “la desastrosa gestión del Sr. Barcala en la ciudad” al mantener que “los coches patrulla y motocicletas de la Policía Local están concentrados en el punto de control sin poder patrullar debido a la falta de combustible.” Además, añaden que “los bomberos de la ciudad de Alicante se han encontrado con el mismo problema.”