La federación FEHM Mallorca ha solicitado que la Delegación del Gobierno Central en las Islas Baleares revise y reformule la entrada en vigor del Registro de Viajeros antes de su entrada en vigor programada para el 1 de octubre. La federación pidió la revisión durante una reunión celebrada esta semana con el Delegado del Gobierno, Alfonso Rodríguez, a la que también asistió el jefe superior de la Policía Nacional, José Luís Santafé.
FEHM, en total alineación con CEHAT, la asociación hotelera nacional de la que es un miembro clave, “ha estado trabajando para hacer escuchar la voz del sector frente a la regulación propuesta por el Ministerio del Interior, que presenta múltiples problemas tanto en su alcance como en su aplicación.
“La disposición del sector hotelero y su plena colaboración es evidente ya que llevamos muchos años recopilando datos de registro de viajeros para las fuerzas de seguridad del Estado.
“Para nosotros, la seguridad es uno de los principales atributos que tenemos como potencia turística y queremos seguir contribuyendo a esta fortaleza. Sin embargo, el Ministerio del Interior promovió un cambio de gran alcance, sin un diálogo previo con los sectores afectados, en lugar de trabajar de manera cooperativa y proactiva.
“Ahora nos enfrentamos a una obligación inminente que entra en vigor el 1 de octubre y que sufre grandes dificultades de implementación porque se exigen datos no oficiales que no están disponibles y la plataforma sigue fallando. Es muy preocupante que se estén ignorando las advertencias repetidas de incompatibilidad con la ley de la UE, que persisten en crear incertidumbre legal, causar una enorme carga administrativa y la inadecuación tecnológica de la implementación es flagrante.
“Exigimos al Ministerio del Interior que revise y reformule la norma, en colaboración con los sectores involucrados y que suspenda la entrada en vigor hasta que sea factible una solución consensuada, viable y proporcional”, declaró la federación. Según una sentencia de 2022 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), la recopilación de datos personales de turistas debe limitarse a lo estrictamente necesario.
CEHAT ha afirmado que las nuevas regulaciones españolas violaban la sentencia del tribunal.