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Antoni Riera fue designado para dirigir el proceso técnico del pacto de sostenibilidad de las Islas Baleares en mayo del año pasado. Economista, habla no solo como economista sino también como profesor de escuela de negocios. El pasado jueves, presentó el documento, las Bases de la Agenda de Transición, que fue la culminación de las deliberaciones de las doce comisiones de trabajo del pacto. Sus explicaciones son propias de la escuela de negocios, siendo las frustraciones con este proceso hasta ahora -y lo mismo se aplica a los políticos- debido a un lenguaje alejado del de la barra y el café. ¿Qué implicará realmente esta agenda de transición? ¿Qué significará para el turismo y la economía en general?
Riera dice que el documento es el resultado de un “viaje intelectual”, definir las bases ha sido un gran desafío. “Pero el verdadero desafío radica en la implementación. Hemos construido una arquitectura sólida; ahora debe traducirse en acciones concretas. Para hacerlo, los esfuerzos deben estar alineados entre actores con intereses diversos, se deben garantizar los recursos y se debe generar el consenso necesario para avanzar”.
Estos actores -originalmente unos 140 de empresas, sindicatos, sociedad civil y más- han participado en una “participación activa para garantizar que el documento sea un punto de partida útil y no un simple ejercicio teórico”. La posibilidad de que se logren acciones concretas consensuadas se puso en duda cuando algunos actores se retiraron, por ejemplo, el Foro de la Sociedad Civil, que criticó la metodología. Riera insiste: “El proceso ha sido diseñado para incorporar múltiples perspectivas y garantizar un espacio plural. Las contribuciones han sido enriquecedoras, pero ninguna entidad o grupo individual tenía poder de veto sobre el contenido. Este documento no es el resultado de una negociación política, sino de un proceso técnico y metodológico”.
La próxima fase, explica, incorporará “grupos de expertos”… “que puedan aportar valor en el diseño de acciones específicas”. “La segunda fase se centrará en definir la Agenda de Transición, especificando medidas, estrategias y mecanismos de implementación”.
El pacto, como dejó claro la presidenta Marga Prohens desde el principio, es un pacto social y político por la sostenibilidad. Esto plantea nuevamente la cuestión del consenso. ¿Qué sucede si no hay consenso político? ¿Podría un futuro gobierno interpretar el documento y sus bases a su manera y adoptar medidas diferentes? Riera está seguro de que “aunque cada gobierno pueda introducir sus prioridades políticas, el marco de referencia garantiza que las decisiones no sean arbitrarias y estén alineadas con los objetivos de sostenibilidad y competitividad”.
“Se trata de un marco técnico y estratégico, no de un documento partidista. Su fortaleza radica en el hecho de que trasciende el debate político inmediato y proporciona una hoja de ruta que puede ser adoptada por cualquier gobierno, independientemente de su color. La continuidad del proceso dependerá de la voluntad política, pero el valor del documento radica en su enfoque técnico y su capacidad para generar un amplio consenso más allá de la situación política”.
Esta es la esperanza, por lo tanto, de lo que puede resultar ser “una transición tan necesaria como oportuna… la transición hacia un futuro más sostenible y resiliente”. Pero por todo esto, hasta ahora solo hay indicios de lo que todo esto significa. Por ejemplo, Riera reconoce que “promover un turismo más exclusivo podría generar más ingresos, pero también aumentar la presión sobre los recursos si no se gestiona adecuadamente”. La admisión es, sin embargo, o parece ser, que el camino va hacia un turismo más exclusivo.
Hay, dice, 247 factores, clasificados en cuatro tipos según su impacto. Los factores impulsadores, que impulsan el cambio y condicionan otros factores, son los más importantes. En este sentido, menciona el teletrabajo. “Esto afecta a la competitividad empresarial, la organización del mercado laboral, el uso de la infraestructura y la descongestión del transporte”.
En el mercado laboral, una propuesta que ha surgido se refiere a los empleados con contratos de ‘fijo discontinuo’. Prevalentes en el sector turístico, la propuesta es eliminar dichos contratos, siendo la idea, en términos de sostenibilidad social, que estos añaden precariedad al empleo y dependencia económica del turismo.
Más allá de esto, lo que todos quieren escuchar son las medidas concretas, incluyendo temas como (por ejemplo) el impuesto turístico, alquileres vacacionales, límites de cualquier tipo. El ejercicio teórico ha terminado. La conversación debe ser ahora sobre los detalles. Pero más que solo hablar. Acciones.
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