LIMA, Perú (AP) – Los pasajeros y residentes en Lima enfrentaban nuevas medidas de seguridad el martes después de que el gobierno de Perú declarara estado de emergencia en la capital para combatir el creciente índice delictivo que ha llevado a algunos legisladores a solicitar la destitución del ministro del Interior.
El director de la policía nacional, Víctor Sanabria, anunció que habría un aumento de patrullajes en estaciones de trenes y autobuses donde decenas de miles de pasajeros se reúnen cada mañana. El ejército de Perú anunció el lunes que desplegaría 1,000 soldados en Lima para patrullar áreas clave como estaciones de tren, y apoyar a la policía local.
Algunos residentes de la ciudad de ocho millones de habitantes dijeron que aún se sentían inseguros, mientras que los medios locales informaron que no se veía señal de seguridad adicional en las estaciones de transporte durante la mañana.
“Nos han abandonado y nos han dejado a nuestra suerte”, dijo el residente local Pedro Quispe, de 48 años, mientras esperaba un autobús que lo llevaría al centro de la ciudad. “Si te subes a un autobús puedes ser disparado, si vas a trabajar, te pueden pedir pagos de extorsión”, dijo.
El gobierno de Perú declaró el estado de emergencia el lunes mientras un grupo de legisladores preparaba una moción de censura contra el ministro del Interior, Juan José Santivañez, a quien se le acusa de no lograr frenar el creciente nivel delictivo.
La moción en la asamblea nacional siguió a una ola de crímenes violentos durante el fin de semana, incluido el asesinato el domingo de Paul Flores, un cantante popular asesinado durante un ataque nocturno al autobús de su banda. En un incidente separado, un objeto explotó en un restaurante de la capital el sábado, hiriendo al menos a 11 personas.
Se espera que el estado de emergencia dure 30 días y permitirá al gobierno suspender algunas libertades civiles, incluido el derecho de reunión. El decreto también permite a la policía registrar hogares sin órdenes judiciales y arrestar a ciudadanos sin órdenes de jueces. Una medida similar se implementó de septiembre a diciembre.
“Estamos en una situación en la que hay un crecimiento exponencial de economías ilegales”, como el narcotráfico, “y en la que hay un número creciente de grupos criminales internacionales” operando en el país, dijo el ex ministro del Interior Rubén Vargas.
Jorge Zapata, presidente de la Confederación Nacional de Empresarios Privados, un poderoso grupo empresarial, dijo a la emisora de radio local RPP que muchos pequeños empresarios en Lima han tenido que hacer pagos de extorsión a grupos criminales.
Hubo 2,057 asesinatos en Perú en 2024, en comparación con 674 en 2017, según estadísticas gubernamentales. Algunos analistas dicen que Perú pronto podría experimentar los altos índices delictivos que se ven en el vecino Ecuador.
Según la fiscalía general de Perú, el año pasado se presentaron 22,800 denuncias por extorsión de ciudadanos, cuatro veces más que en 2017.