Históricamente famosa por el microclima que traía beneficios para la salud debido a su ubicación en una zona de parque natural, con un ecosistema respaldado por las lagunas, y protegida por la sombra de las montañas circundantes, sin mencionar los beneficios del Mar Mediterráneo, los beneficios traídos por el entorno natural están siendo ahora opacados por la realidad de la intervención humana, ya que Torrevieja ha sido nombrada entre las cinco ciudades españolas con el “menor bienestar” en el país.
La Comunidad Valenciana es una de las tres autonomías – junto con Andalucía y las Islas Canarias – donde la mayoría de las localidades tienen valores de bienestar por debajo del promedio, y Torrevieja es una de las que presenta “menor bienestar” junto con La Línea de la Concepción (Cádiz), Ceuta, Melilla y Algeciras (Cádiz).
Estas son algunas de las conclusiones del último Informe sobre la Desigualdad en España, que la Fundación Alternativas ha preparado por sexto año para intentar analizar en esta ocasión el efecto de las transiciones demográficas, climáticas y digitales en la pobreza y, más directamente, en la desigualdad.
Respecto al calentamiento global y el cambio climático asociado, el informe indica que Alicante, debido a su tendencia a aumentar el estrés hídrico, se encuentra entre las ciudades en riesgo de desertificación y en las que sus potencialidades y oportunidades empeorarán significativamente.
A nivel nacional, la desigualdad económica y social se concentra, por un lado, en las grandes ciudades en comparación, sobre todo, con el mundo rural y, por otro lado, territorialmente, presenta niveles significativamente más altos que la media en Madrid, la costa mediterránea y las islas.
El informe argumenta que esta tendencia solo se puede corregir con voluntad política y colaboración privada, actuando en las áreas de acceso a la vivienda y digitalización, la mejora y extensión de los servicios públicos y la racionalización de la producción y el consumo, todo esto de una manera más equilibrada que en la actualidad y prestando atención a las peculiaridades y competencias regionales y locales.
Entrando en detalle, a partir de los múltiples datos disponibles, el estudio dice que “claramente” emerge una notable correlación entre el tamaño del municipio y el ingreso neto promedio por hogar en 2021 y, al mismo tiempo, una mayor desigualdad de ingresos a medida que aumenta el número de hogares de población.
El porcentaje de población inmigrante, que se concentra en las grandes ciudades, también tiene una relación significativa con la desigualdad, ya que tienden a ocupar trabajos con calificaciones por debajo del promedio y, por lo tanto, elevan las cifras de desigualdad de los municipios donde están más presentes.
Advierte que las dos principales amenazas para la igualdad en la ciudad del futuro son la transformación del mercado laboral debido a los avances tecnológicos y el problema de la vivienda.
La primera podría acentuar la polarización socioeconómica de la sociedad urbana como consecuencia de los ajustes sucesivos previstos en el mercado laboral (con el riesgo inherente de aumento del desempleo) y el aumento del segmento de mano de obra mal remunerada.
Respecto a la vivienda, el informe sostiene que, si continúa la tendencia actual de poner su dimensión económica antes que su dimensión social como una necesidad básica, la mencionada polarización empeorará, agravando las dinámicas de segregación urbana, así como los problemas de asequibilidad, viviendas de mala calidad y falta de hogar. Cabe destacar que según el Instituto Nacional de Estadística, alrededor de 30,000 propiedades están actualmente vacantes en Torrevieja, aproximadamente un cuarto del stock, y sin embargo parece haber una obsesión por construir más y destruir el paisaje natural en el proceso.
Respecto al calentamiento global y el cambio climático asociado, el informe señala que generan desigualdades territoriales desde una doble perspectiva, tanto porque perjudican en mayor medida a los más desfavorecidos debido a su menor capacidad de adaptación como porque modifican de manera desigual las oportunidades para la población general de los territorios más afectados, obligándolos en casos extremos a emigrar.
Se centra principalmente en el riesgo de desertificación y predice que las potencialidades y oportunidades de la ciudad autónoma de Melilla y las provincias de Granada, Almería, Ciudad Real, Sevilla, Badajoz, Córdoba, Huelva, Jaén, Cádiz y Málaga empeorarán significativamente, a las que se suman Murcia, Albacete y Alicante debido a su tendencia a aumentar el estrés hídrico.