Un informe de Oxford Economics, basado en datos de Eurostat y Airbnb, resalta los riesgos económicos que plantean las regulaciones restrictivas de alquileres turísticos a corto plazo en España.
El estudio estima que estas regulaciones podrían poner en peligro 30 mil millones de euros, equivalente al 2% del PIB del país, y hasta 400,000 empleos.
Airbnb ha criticado el marco regulatorio, argumentando que las autoridades han pasado por alto factores clave como la distinción entre áreas rurales y urbanas y la naturaleza de las actividades de alquiler (ocasionales versus dedicadas).
Según Airbnb, el enfoque actual ha llevado a prohibiciones generales en algunas ciudades, normativas regionales restrictivas y procesos burocráticos engorrosos. Estas medidas, afirma la plataforma, impactan desproporcionadamente a las familias que se dedican a alquileres turísticos ocasionales, sacándolas del mercado sin abordar problemas de vivienda más amplios.
En un comunicado, Airbnb enfatizó la necesidad de reconocer el impacto positivo que los alquileres turísticos a corto plazo tienen en las familias, las comunidades rurales y las pequeñas empresas, en lugar de hacerlas el “chivo expiatorio” de los importantes desafíos de vivienda en España.
Si bien Airbnb reconoció los desafíos del turismo masivo y la concentración de actividad turística en ciertas ciudades y regiones, expresó su apoyo a los esfuerzos para aliviar la crisis de vivienda en España. La empresa también presentó un marco de cuatro principios para lo que considera una regulación efectiva y justa de los alquileres turísticos a corto plazo.
El primer principio pide distinguir claramente entre negocios turísticos profesionales y dedicados y familias que ofrecen alojamiento ocasional en sus hogares.
Airbnb aboga por un sistema de registro armonizado, gratuito y en línea, alineado con las regulaciones de la UE. Según ellos, dicho sistema debe basarse en evidencia, estar impulsado por datos, ser proporcional, no discriminatorio y justificado.
El tercer principio destaca la necesidad de normas adaptadas a los desafíos específicos de diferentes áreas, con regulaciones menos complejas para regiones rurales y menos conocidas para fomentar una distribución más equitativa del turismo en toda España.
Por último, Airbnb aboga por un enfoque equilibrado que promueva el desarrollo rural mientras aborda las complejidades urbanas, con el objetivo de dispersar la actividad turística por todo el país.
La propuesta de Airbnb busca lograr un equilibrio entre apoyar la actividad económica y abordar los desafíos de vivienda y turismo en España. Sin embargo, la plataforma continúa advirtiendo que las medidas regulatorias actuales corren el riesgo de sofocar una industria que contribuye significativamente a la economía española.
Hasta enero de 2025, no se han divulgado asignaciones presupuestarias específicas para la lucha contra los alquileres vacacionales ilegales en la provincia de Alicante. Sin embargo, la provincia ha implementado varias medidas para abordar el problema. Especialmente, la ciudad de Alicante ha impuesto una moratoria de dos años en nuevas licencias de alquiler turístico para preservar la vivienda para los residentes.
Además, el gobierno regional de Valencia planea imponer multas de hasta 600,000 euros a los propietarios que violen las nuevas regulaciones destinadas a frenar los alquileres vacacionales ilegales.
Estas iniciativas indican un compromiso significativo con la regulación del mercado de alquileres turísticos a corto plazo, aunque los gastos financieros exactos siguen sin especificarse.