Un impactante caso ha sacudido a Andalucía, exponiendo cómo los jefes de la mafia china blanquearon dinero de drogas a través de tiendas de bazares.
Un total de diecisiete miembros de un sindicato del crimen chino enfrentaron juicio en el Tribunal Criminal de Sevilla recientemente, con 14 condenados por cargos de organización criminal y 12 por delitos relacionados con drogas.
El líder de la banda también fue declarado culpable de fraude eléctrico. Sin embargo, a pesar de estos graves cargos, ninguno de los individuos condenados cumplirá tiempo en prisión, ya que no tenían antecedentes penales previos, recibieron sentencias de menos de dos años y confesaron los crímenes.
Según la sentencia del tribunal, este grupo de miembros de la pandilla asiática, una presencia inusual en la escena de drogas española, evitará la cárcel con la condición de mantenerse libres de delitos durante los próximos cuatro años.
El sindicato, descrito como ‘perfectamente estructurado’ en el tribunal, abarcaba cuatro provincias: Sevilla, Huelva, Málaga y Granada.
Especializados en la producción y distribución de marihuana, el grupo gestionaba plantaciones de cannabis en interiores, enviando la droga a ciudades españolas y más adelante a Europa central a través de servicios de mensajería.
La Guardia Civil había registrado estas ubicaciones hace cuatro años durante la ‘Operación Almaju’, incautando 193.345 kilos de cannabis valorados en más de 338.000 euros.
Las autoridades estimaron que solo en 2019, el comercio ilegal del grupo generó millones de euros. Se identificaron dos divisiones distintas del sindicato.
Una en Sevilla y Huelva, liderada por Maolong L., que gestionaba y financiaba las operaciones, y otra en Málaga y Granada, liderada por Congqin X., quien supervisaba a los trabajadores de las plantaciones, coordinaba las ventas de drogas e implementaba medidas de seguridad para evitar ser detectados.
Las plantaciones del sindicato estaban situadas en áreas residenciales, utilizando presuntamente a nacionales chinos que vivían en condiciones similares a la esclavitud.
La mayoría había ingresado ilegalmente a España a través de redes internacionales de tráfico de personas y se describían como viviendo en ‘circunstancias precarias’.
La sentencia señaló que los líderes del sindicato explotaban a estas personas, muchas de las cuales tenían deudas importantes en sus países de origen, lo que las hacía vulnerables a ser reclutadas a la fuerza.
Un par de estos ‘trabajadores’ testificaron ante la Guardia Civil y el tribunal que habían sido traficados a España bajo falsas promesas, solo para encontrarse confinados en casas de campo aisladas, privados de identificación personal y sin recibir salarios.
Para blanquear sus ganancias, el sindicato canalizaba los beneficios a través de negocios de propiedad asiática, específicamente dos tiendas de estilo bazar en Granada y Huelva.
Estas tiendas, según las conclusiones del tribunal, servían como fachadas legítimas para blanquear el dinero generado por el tráfico de drogas.
Las autoridades descubrieron sofisticadas instalaciones de cultivo dentro de villas de lujo ubicadas en Espartinas, Palos de la Frontera, Aljaraque, Mijas, Alhaurín de la Torre y Benalmádena.
En estas propiedades, los agentes encontraron grandes cantidades de fertilizantes, luces halógenas, ventiladores y conexiones eléctricas ilegales, todo lo necesario para cultivar cannabis genéticamente modificado.
La atención a los detalles de la organización se extendía desde el cultivo hasta el lavado de dinero, con efectivo contrabandeado a Madrid e incluso a ciudades en los Países Bajos y Bélgica.
Aunque los miembros de este sindicato no cumplirán tiempo en prisión por ahora, el caso subraya la influencia de los anillos del crimen chinos que buscan una participación en la industria de narcóticos de España.
Notablemente en Andalucía, que ocupó el segundo lugar como la región de España con más decomisos de plantas de cannabis en 2022, según el último informe de Estadísticas Nacionales de Drogas.