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Los residentes de Cas Català han solicitado al alcalde de Calviá, Juan Antonio Amengual, que aplique una moratoria en las licencias de construcción de viviendas en lo que se describe como el barranco de Calviá.
Más de 100 residentes han presentado la solicitud de una moratoria de un mínimo de seis meses y que el proyecto de construir 60 viviendas se someta a consulta pública. El plan es desarrollar tres bloques de apartamentos de acuerdo con el régimen de precios limitados del Gobierno Balear. Implica un cambio de uso del suelo a viviendas.
El ayuntamiento ha confirmado que el promotor ha solicitado una licencia y que está esperando recibir un informe del departamento de recursos hídricos del gobierno antes de dar autorización. Este informe es particularmente importante, dado que el terreno en cuestión se encuentra en el barranco.
Los residentes argumentan que el proyecto es “inapropiado, peligroso y especulativo”. Advierten que la “construcción masiva para uso residencial” es incompatible con un potencial de inundación. En 2015, los pisos y sótanos de edificios cerca de la desembocadura del torrente se inundaron.
El director general de vivienda del gobierno, Francisco Reynés, ha reconocido que hay un torrente en la parcela de terreno pero ha dicho a los residentes que no se encuentra en una zona de inundación. El departamento de recursos hídricos tendrá que confirmar esto o no.
En febrero hubo una protesta en la que las pancartas rezaban: “¿Hemos olvidado Valencia?”, “Marga Prohens, tu decisión afecta a todos”, y “No construyas en un barranco, hay alternativas en Calviá”.
Además del riesgo de inundación, los residentes señalan el impacto que el desarrollo tendrá en el paisaje y la estructura social de la zona.
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