Los derechos de los okupas en toda España han recibido un duro golpe después de un ‘error fatal’ cometido por un pequeño grupo de políticos.
Esto ocurrió después de que parlamentarios de izquierda votaran ‘por error’ a favor de aprobar una enmienda a la Ley de Enjuiciamiento Criminal la semana pasada.
La enmienda fue propuesta por el partido PNV y contó con el apoyo del conservador Partido Popular (PP), junto con Junts, UPN, Coalición Canaria, Bildu y ERC.
Sin embargo, estos dos últimos partidos admitieron más tarde haber cometido un ‘error injustificable’ al apoyar el proyecto de ley.
En realidad, querían oponerse a la enmienda junto con los partidos de izquierda como el PSOE, Sumar, Podemos y el BNG. El partido de extrema derecha Vox se abstuvo de votar.
El proyecto de ley ahora pasará al Senado, donde se espera que sea aprobado debido a que el PP tiene mayoría en la cámara.
La enmienda de la Ley de Enjuiciamiento Criminal permitirá que los delitos de ‘usurpación de vivienda’ y ‘allanamiento de morada’ sean juzgados en audiencias rápidas en un plazo máximo de 15 días.
Esto significa que los desalojos de okupas se incluirán efectivamente en un nuevo proceso judicial exprés, junto con una serie de otros delitos como la violencia física, el robo y las infracciones de tráfico.
Todos estos delitos tendrán juicios rápidos, al igual que los desalojos una vez que la enmienda esté totalmente aprobada y aparezca en el Boletín Oficial del Estado (BOE), lo más probable en enero de 2025.
A finales de 2023, el Ministerio del Interior informó que había más de 15,000 pisos ocupados ilegalmente en España.
Los procedimientos de desalojo actualmente son largos y costosos, algo que cambiará radicalmente cuando se apruebe la enmienda.
En el 80% de los casos, el tiempo que tarda en desalojar a los okupas a través de los tribunales actualmente oscila entre cuatro y nueve meses, pero muchos casos llevan años, especialmente en áreas con tribunales atascados.
Los derechos de los okupas a menudo se ven como inspiradores del aumento en los alquileres tipo Airbnb en todo el país.
Decenas de propietarios se abstienen de alquilar a largo plazo por miedo a que la propiedad sea tomada por okupas, lo que resulta en una larga batalla legal que puede durar años.
La única otra alternativa es contratar a empresas ‘anti-okupa’ que cuestan miles de euros y no garantizan el éxito.