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El 9 de noviembre es la fecha límite para el registro de profesionales inmobiliarios en Mallorca y las Islas Baleares. Las regulaciones para el sector, largamente demandadas, han sido introducidas por el Ministerio de Vivienda del gobierno balear. La esperanza es que este registro ponga fin a las malas prácticas que han existido durante años. Y los requisitos son tales que el proceso debería resultar exitoso.
Una indicación de la extensión de la intrusión en el mercado y la competencia desleal por parte de personas (y empresas) que carecen de las cualificaciones relevantes y pueden exponer a los clientes a riesgos es que nadie puede decir con certeza cuántos hay.
El presidente del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria, José Miguel Artieda, estima que hay alrededor de 2.000 agentes inmobiliarios, pero un cálculo de la Universidad de las Islas Baleares sitúa la cifra en unos 7.000.
La Fundació Impulsa para la competitividad y productividad balear estima que hay alrededor de 4.560 personas dedicadas a la actividad inmobiliaria en las islas y 1.443 empresas registradas. Artieda señala que el registro dará cifras exactas.
“El talento natural, si no va acompañado de conocimiento, distorsiona la profesión. Un vendedor se confunde con un asesor inmobiliario, y ese ha sido el gran fracaso del sector. A partir del 9 de noviembre, podremos denunciar oficialmente a aquellos que operan mediante la intrusión, la actividad clandestina y la competencia desleal.”
Hans Lenz de Engel & Völkers y presidente de la asociación ABINI dice: “Es absolutamente necesario crear transparencia y control.” Se refiere a la exigencia de “requisitos mínimos”.
Estos son: un título universitario en ciencias sociales y jurídicas, ingeniería o arquitectura; una formación no universitaria de al menos 200 horas lectivas relacionadas con la mediación, asesoramiento y servicios de gestión; o experiencia demostrable en la prestación de servicios inmobiliarios durante un mínimo de cuatro años inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de la solicitud de registro. Debe haber un establecimiento abierto al público o al menos una dirección postal accesible, así como una póliza de responsabilidad civil con un capital mínimo de 100.000 euros por reclamación.
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