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El gobierno balear de Marga Prohens tiene políticas emblemáticas para abordar el problema de la vivienda en las islas y para acelerar los mecanismos que facilitan la construcción de viviendas. No todos están de acuerdo con estas políticas. No todos creen que sean realistas. Siempre ha sido así. Pero hay que reconocer que el gobierno está haciendo un esfuerzo.
Un problema para Prohens es que el decreto de emergencia en vivienda y el decreto de simplificación administrativa fueron decretos. La urgencia es la justificación para los decretos, en lugar de enfrentarse a un proceso parlamentario prolongado, que de todas formas se debe seguir en algún momento para que los decretos se conviertan en legislación parlamentaria.
El gobierno español de Pedro Sánchez ha objetado estos decretos. No todos los aspectos de la simplificación administrativa justifican un decreto urgente. La vía del decreto no es apropiada para disposiciones de la emergencia habitacional que son competencia de los ayuntamientos. A menos que los dos gobiernos puedan resolver las objeciones, los decretos terminarán en el Tribunal Constitucional, lo que significa su suspensión hasta que el tribunal se pronuncie.
Las discrepancias legislativas entre el gobierno central y los gobiernos regionales son comunes. Las remisiones al Tribunal Constitucional son comunes. Pero generalmente se deben a lo que se percibe como una invasión de competencias estatales. Por lo que se puede deducir, los decretos no implican tal desafío al estado. Las objeciones están fundamentalmente basadas en el procedimiento.
Políticamente, Prohens está sacándole el máximo provecho a esto. Esto era de esperar y ¿quién puede culparla, ya que en general se tendrá la impresión de que la invasión es la de la política? Si no es así, entonces es el procedimiento de decreto el que necesita simplificación.
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