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A principios de esta semana, Sergi Torrandell, el jefe de policía de Llucmajor y uno de los oficiales de policía senior más destacados en Mallorca, tomó por sorpresa a sus colegas al renunciar en efecto.
Torrandell, que anteriormente fue jefe de Marratxí, se ha encontrado recientemente muy en la primera línea pública, así como en la de la fuerza de Llucmajor debido a problemas en Arenal. Ha pedido que lo retiren de las tareas de primera línea.
Tiene 60 años, y en una carta a sus colegas reconoce fácilmente esto: “La edad no perdona, al igual que la salud.” Sin embargo, su carta también dice: “El punto muerto experimentado en los últimos meses, donde a menudo prevalece el conocimiento sobre la combinación de conocimiento y experiencia, ha tenido un efecto personal, así que con gran pesar les informo que he tomado la decisión de solicitar la actividad secundaria por razones personales; un cliché, por supuesto.”
Esto ha sido interpretado como una referencia a desacuerdos con el ayuntamiento. En este sentido, Torrandell de ninguna manera es el primer oficial de policía en señalar relaciones con los ‘amos’ políticos.
La semana pasada se supo que Manuel Prieto, el jefe de la Policía de Manacor, presentó su renuncia al alcalde, Miquel Oliver. Esto siguió a lo que se informó como una reunión muy tensa en la que se alzaron voces. Prieto luego le dijo a los funcionarios del ayuntamiento que había llegado al límite, que no podía más y que su salud era lo primero. Oficialmente, su renuncia fue por “razones personales”.
Además de estos dos casos está la noticia de un inspector de la fuerza de Palma que se jubiló en 2022 y ha presentado una denuncia por acoso laboral, citando varios ejemplos de acoso y humillación. Su denuncia es contra un comandante y el ex jefe del departamento de recursos humanos.
¿Estos casos son solo coincidencia o señalan un malestar en las fuerzas de policía locales de la isla? No hay duda de que la policía está subdotada, que hay demandas crecientes en sus servicios, que se enfrentan a situaciones más violentas. En cuanto al personal, recientemente dos jefes de policía han hecho referencia a la escasez de agentes, los de Pollensa y Sa Pobla.
En gran medida, el reclutamiento policial es una cuestión de finanzas públicas, pero contratar nuevos agentes debería ser una prioridad dada la cantidad de agentes que se dirigen hacia la jubilación.
Más allá de las finanzas, sin embargo, hay problemas relacionados con la cultura, tanto de las fuerzas de policía como de los ayuntamientos. En el caso del inspector de Palma, por ejemplo, fue suspendido de sus funciones en 2015 cuando surgieron acusaciones de corrupción relacionadas en parte con lo que se convirtió en el ‘caso Cursach’ (el propietario de BCM, entre otros establecimientos). Fue absuelto de todos los cargos en 2019, cuando se le debían 125.000 euros por impago proporcional durante su suspensión. Se dice que el jefe de recursos humanos luego “bloqueó” sus derechos.
La fuerza de Palma quedó desmoralizada por las acusaciones, la mayoría de las cuales demostraron ser falsas. El cambio político en el ayuntamiento desde entonces ha tratado de restablecer la moral.
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