In his initial month as president, Donald Trump and his administration have been actively dismantling many of Former President Joe Biden’s initiatives. However, one notable exception is the Medicare Drug Price Negotiation Program, with potential changes on the horizon.
Established under the Inflation Reduction Act (IRA), this program allows the federal government to negotiate prices of costly Medicare Part D drugs directly with drug companies. The first 10 drugs for negotiation were announced in August 2023, with prices to take effect in 2026. An additional 15 drugs were added in January under the Biden administration, set to take effect in 2027.
The Centers for Medicare and Medicaid Services recently stated that reducing prescription drug costs is a top priority for the Trump administration. They plan to seek input on improving the Negotiation Program, sparking concerns among some Democratic senators. These senators worry that potential changes may undermine Medicare’s ability to secure the best drug prices.
Legal changes to the program could include alterations to the negotiation process timeline or structure, potentially accelerating negotiations or reducing manufacturer response time. Additionally, ongoing lawsuits from drugmakers challenge the program, with the possibility of legal decisions impacting the program’s future.
While the drug list and negotiated prices are unlikely to change, the Trump administration may still make adjustments to the program. Repealing the law entirely is politically risky, and bipartisan support for it is strong. The administration’s approach to the program remains uncertain, with various potential outcomes depending on their actions.
Patient advocacy groups like Patients for Affordable Drugs cautiously welcome CMS’ announcement, hopeful for positive outcomes in negotiation and pricing. While some organizations see room for changes, others, like the National Community Pharmacists Association, advocate for reforms within the negotiation program. The future of the Medicare Drug Price Negotiation Program under the Trump administration remains uncertain, with differing opinions on potential changes and improvements. Douglas Hoey dijo que NCPA no está en contra de la intención del programa, pero dijo que la forma en que se implementa pondrá una tensión financiera significativa en los farmacéuticos comunitarios.
NCPA lanzó un informe la semana pasada que mostró que las farmacias experimentarán retrasos en el pago de recetas de al menos siete días adicionales para medicamentos negociados debido al programa. Las regulaciones del programa establecen que el fabricante debe enviar el reembolso por la receta dentro de los 14 días de recibir la confirmación de elegibilidad para el paciente, en lugar de garantizar que la farmacia reciba el reembolso dentro de los 14 días posteriores a la dispensación de la receta. Cada farmacia podría perder casi $11,000 en flujo de efectivo semanal debido a pagos retrasados. Debido a estos desafíos, una encuesta reciente de NCPA reveló que el 93.2% de las farmacias independientes están considerando o ya han decidido no almacenar al menos uno de los primeros 10 medicamentos incluidos en el programa.
“Nuestros miembros dicen: ‘Simplemente no podremos llevar el medicamento’, lo que, por supuesto, frustra el propósito previsto de tratar de obtener estos medicamentos a un precio más bajo para los ancianos”, dijo Hoey. “Si las farmacias van a cerrar al llevarlos, es una consecuencia importante e inintencionada.”
Para aliviar estos desafíos, la organización está pidiendo varios cambios en el programa, incluida la garantía de que no haya retraso en los pagos para las farmacias.
El Consejo para la Cobertura de Salud Asequible, una organización de defensa enfocada en reducir los costos de atención médica, le gustaría ver un cambio más drástico: la derogación del IRA. El IRA está fallando, declaró Joel White, presidente de la organización.
“Apoyamos la derogación del IRA y sus controles de precios, promulgando un límite real de gastos de bolsillo en los costos de medicamentos para los ancianos que no aumenta las primas ni limita la cobertura de medicamentos, y nos comprometemos a no utilizar Medicare para pagar otras prioridades como créditos fiscales para energía verde”, dijo en un correo electrónico. “El Congreso debería poner fin inmediatamente a la penalización de las píldoras, que impone controles de precios a los medicamentos antes que a los biológicos. Esta política equivocada está desplazando el desarrollo de nuevos medicamentos hacia biológicos más costosos, lo que aumenta los costos de bolsillo de los pacientes y dificulta obtener su tratamiento.”
Sin embargo, las posibilidades de que realmente se produzca una derogación son extremadamente improbables, según Kupferberg de Frier Levitt.
“En este punto, la Administración solo ha indicado que tiene la intención de mantener el curso con el proceso de negociación de medicamentos, sujeto a un compromiso bastante vago de hacer que el proceso sea más transparente e inclusivo. … Lo único que creo que es seguro es que no habrá un intento de derogación en un futuro cercano y la reducción de costos de medicamentos seguirá en juego”, dijo.
Foto: bong hyunjung, Getty Images