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Un área de la sociedad española con la que quizás no estemos completamente familiarizados es la cuestión bastante ambivalente de los “okupas” – también conocidos como ocupantes ilegales. No solo es esto un hueso de contención en la política española, sino también un tema que afecta a los propietarios de viviendas que viven en España.
El movimiento okupa se refiere a los ocupantes ilegales en España que buscan ocupar (de ahí el término) hogares o edificios de forma permanente o temporal con el objetivo de obtener vivienda, espacio para animales o cultivos, o salones para reuniones políticas o sociales… ¡y todo gratis! Su objetivo secundario es una declaración política que denuncia la lucha para poder pagar una vivienda y como una reafirmación de los derechos humanos básicos. ¿Cuál es el problema principal? Estos ocupantes ilegales no solo ocupan viviendas o edificios vacíos, sino también aquellos propiedad de otras personas. Desde segundas residencias hasta viviendas desocupadas durante viajes de negocios o simplemente segundas viviendas, quedan vulnerables cuando se quedan desatendidas y corren el riesgo de ser ocupadas por un okupa con la posibilidad de no ser devueltas en buen estado.
La legislación respecto a esta práctica universal varía de un país a otro. En España, aunque es ilegal, muchos se preguntan por qué España parece ser tan tolerante con esta práctica. Comencemos con los hechos. A pesar de alcanzar grandes alturas en los años 60 y 70 con el crecimiento de la urbanización de la zona rural a la ciudad en España, ha habido un resurgimiento aún mayor en la popularidad y especialmente en el panorama político que la rodea. Esto ha sido alimentado principalmente por factores socioeconómicos como el alto desempleo, la crisis de vivienda y la inestabilidad financiera, especialmente para jóvenes entre las edades de 18-24 años. La intensa cobertura mediática ha agitado mucho la opinión pública sobre el tema, oscilando entre el resentimiento y la simpatía.
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Los derechos de los propietarios de viviendas en España pueden estar en peligro por los okupas
Entonces, ¿cómo maneja España esto? Puede ser interesante saber que los derechos de los okupas versus los derechos de los propietarios de viviendas están bastante sesgados y extrañamente entrelazados. La Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994 es la legislación clave en este debate, sirviendo para resolver disputas relacionadas con la ocupación ilegal a nivel nacional. La ley española estipula que la ocupación ilegal no está expresamente permitida. Sin embargo, en ciertas condiciones, los okupas tienen derechos para ocupar una propiedad temporal o incluso permanentemente, cuando se ha concedido un estatus legal. Si una propiedad queda desatendida y no está adecuadamente asegurada, los okupas pueden reclamar residencia, complicando el proceso de desalojo para los propietarios si no se toma acción dentro de las 48 horas. Este proceso de desalojo rápido tiene como objetivo evitar la ocupación ilegal a largo plazo y minimizar tanto el malestar material como emocional incurrido por los propietarios.
Cómo los propietarios pueden proteger sus propiedades de los okupas cuando están desatendidas
Por lo tanto, para todos aquellos que son propietarios, es esencial estar completamente al tanto de este problema y tener una comprensión clara de las implicaciones. Se aconseja a los propietarios ser proactivos en la protección de sus propiedades y contenidos de la propiedad contra la ocupación ilegal. Esto puede incluir la contratación de una póliza de seguro de hogar con una tarifa más alta que cubra los derechos de los propietarios en caso de ocupación ilegal. Algunas de estas pólizas de seguro vienen equipadas con la instalación de cámaras en el hogar para poder monitorearlas de forma remota cuando los propietarios están ausentes. Las aplicaciones de seguro pueden enviar fotografías regulares de las habitaciones en tiempo real. Algunos seguros contra okupas ofrecen la instalación de un sistema de alarma, conectado directamente a la policía. Estas estrategias preventivas pueden ser cruciales para evitar problemas a largo plazo. Las inspecciones regulares de la propiedad y el sellado seguro de todos los puntos de entrada también son clave. Es importante establecer relaciones con los vecinos, quienes pueden vigilar las cosas cuando una propiedad permanece desatendida. A menudo, las viviendas pueden quedar desatendidas durante varios meses, y la entrada de un okupa puede pasar desapercibida, lo que dificulta que los propietarios reclamen los derechos de su propiedad.
La ocupación ilegal no solo es una batalla legal, sino que también conlleva un gran costo emocional para los propietarios. Ha habido innumerables historias desgarradoras de propietarios cuyas propiedades siguen ocupadas ilegalmente por okupas mientras los procesos legales complicados podrían estar en curso. No solo las víctimas de la ocupación ilegal informan de angustia emocional y una sensación de violación, sino también un gran sentido de injusticia al ver que sus hogares son usurpados por otros.
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