Cualquier nuevo alojamiento turístico en España que se encuentre en un bloque de apartamentos podría requerir pronto la aprobación de la asociación de propietarios antes de poder ser utilizado.
Así lo establece una nueva propuesta del gobierno del Partido Socialista, en un momento en el que se están celebrando protestas en todo el país para exigir un nuevo modelo de turismo y protestar contra los efectos negativos que el sector está teniendo en la vida diaria de los españoles.
Esencialmente, el resto de los residentes en el edificio tendrían que decir sí antes de que un apartamento de Airbnb u otro alquiler pueda empezar a operar.
Según el borrador de la propuesta, que ha sido visto por el periódico El País y la cadena de radio Cadena Ser, esta nueva norma no podría aplicarse de forma retroactiva, lo que significa que los alojamientos turísticos existentes no se verían afectados.
Sin embargo, existen otros medios para controlar el número de apartamentos turísticos en un destino, como el anuncio reciente del alcalde de Barcelona de que dejaría vencer las licencias de este tipo de alojamiento por completo para 2028, eliminando así los alquileres al estilo de Airbnb de la ciudad.
El texto, que tendrá que ser aprobado por el Congreso antes de seguir adelante, establece que “el aumento de los apartamentos turísticos ha causado varios efectos no deseados”.
Estos incluyen problemas “de convivencia y molestias”, así como una disminución de la oferta de viviendas para los locales, un aumento de los precios y la gentrificación de los barrios.
Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) de España, hasta febrero había 350,000 apartamentos turísticos en el país.
Hasta ahora este año ha habido manifestaciones en Mallorca, Málaga, las Islas Canarias y Barcelona exigiendo una revisión del sector turístico del país.