MILES de simpatizantes independentistas salieron a las calles de Barcelona, la capital catalana, el sábado en protesta por la ‘no implementación’ de la polémica ley de amnistía para líderes separatistas clave, incluido el ex presidente regional y fugitivo de la justicia española, Carles Puigdemont.
Según la policía local, 1.500 manifestantes se congregaron en Ciutat Vella, el casco antiguo de Barcelona, antes de reunirse en las puertas de la sede del gobierno catalán.
Los manifestantes agitaron la senyera, los colores catalanes, corearon consignas a favor de la independencia y arrojaron trozos de pan seco frente al edificio del gobierno regional, mientras la indignación por la no aplicación de la ley de amnistía para varios líderes separatistas clave llegaba a su punto álgido.
El movimiento separatista, conocido en España como el ‘procés’, alcanzó tristemente su punto más bajo en 2017 con un referéndum ilegal y una declaración unilateral de independencia.
El mes pasado, el Congreso de España aprobó formalmente una ley de amnistía altamente controvertida que buscaba retirar las acciones legales iniciadas contra los nacionalistas catalanes por su papel en el fiasco.
El partido conservador y proindependentista Junts, del que Puigdemont es líder, y la izquierda Esquerra (ERC) habían exigido la ley a cambio de dar a Pedro Sánchez, el primer ministro, el apoyo parlamentario necesario para contar con una mayoría en el Congreso.
Carles Puigdemont, el ex presidente catalán, es uno de los principales políticos separatistas que no han recibido amnistía. Crédito: Cordon Press
Se esperaba que Puigdemont fuera el beneficiario más destacado de la ley y que planeaba regresar a Cataluña como candidato para la votación de investidura del parlamento regional tras las elecciones locales inconclusas de mayo.
Sin embargo, el Tribunal Supremo de España rechazó la amnistía por el delito de malversación de fondos públicos, lo que significa que sigue en vigor una orden de arresto para el líder de Junts.
La decisión también afecta a los ex ministros Antonio Comín y Lluís Puig, que también huyeron a Bélgica después de que se abrieran diligencias penales por su papel en el movimiento independentista.
La protesta del sábado, organizada por el grupo cívico proindependentista ANC, calificó la decisión como un ‘golpe judicial’ de jueces antiindependentistas, protestando bajo la consigna: “Desobedecer a los jueces. Independencia”.
Desde su entrada en vigor, la ley ha beneficiado a 74 personas, y los activistas están molestos porque la mayoría de los beneficiarios han sido policías, en lugar de figuras independentistas para las que se diseñó la ley.
Sin embargo, varios políticos catalanes destacados han podido regresar a Cataluña.
La líder de Esquerra (ERC) Marta Rovira y el diputado Ruben Wagensberg fueron algunos de los activistas que regresaron a sus regiones de origen desde Suiza después de que se desestimaran las diligencias penales contra el grupo de protesta Tsunami Democràtic debido a un error procesal.
Al regresar, Rovira dijo: “Regresamos porque podemos ganar, y regresamos para terminar el trabajo que no pudimos terminar. Hemos vuelto para empezar de nuevo y volver a unir a los simpatizantes independentistas”.