ESPAÑA se dispone a regularizar la situación de aproximadamente 500.000 migrantes indocumentados que actualmente viven y trabajan dentro de sus fronteras.
La legislación propuesta, originalmente respaldada por más de 600.000 firmas de miembros del público, podría proporcionar derechos esperados desde hace mucho tiempo a estas personas, muchas de las cuales llevan años en el país.
La Vicepresidenta Yolanda Díaz, una de las figuras principales de la coalición Sumar, anunció el avance en las redes sociales.
Ella tuiteó: “Medio millón de personas están más cerca de obtener derechos. Medio millón de personas que viven y trabajan en nuestro país, que son nuestros vecinos. No debemos perder ni un minuto. Contra el racismo, por los derechos”.
La legislación establece que se otorgará residencia a los migrantes indocumentados que ya estaban viviendo en España antes del 1 de noviembre de 2021.
Los defensores han argumentado que sus contribuciones a la sociedad son invaluables y que sus derechos han sido violados de manera consistente a lo largo de los años al navegar por las políticas restrictivas de inmigración de España.
Muchos de estos trabajadores, que desempeñan un papel fundamental en la sociedad española, se han encontrado en una situación legal precaria, trabajando en negro en el mercado laboral.
La medida se percibe como un cambio significativo con respecto a las políticas anteriores y se alinea con el creciente reconocimiento de España sobre la importancia del trabajo migrante, especialmente en sectores como la agricultura y el cuidado.
Lamine Sarr, inmigrante senegalés y portavoz del movimiento que impulsa la regularización, ha destacado la discriminación sistemática a la que muchos se enfrentan.
Señaló que las leyes de inmigración actuales hacen prácticamente imposible que las familias indocumentadas, muchas de las cuales han vivido en España durante años, accedan a derechos básicos como la atención médica y la educación.
“Estamos atrapados en un sistema perverso que nos obliga a vivir en una extrema precariedad”, dijo Sarr.
También señaló el caso de niños nacidos en España que, debido al estatus migratorio de sus padres, heredan su limbo legal.
Entre las 500.000 personas que podrían beneficiarse de esta ley se encuentran trabajadores agrícolas, trabajadores sexuales y temporeros, todos los cuales permanecen fuera de la economía formal y no pueden contribuir plenamente a la sociedad sin un estatus legal.
Los orígenes de esta propuesta legislativa se remontan a dos años atrás al movimiento RegularizacionYa, una coalición popular de migrantes y organizaciones antirracistas de toda España.
Su campaña logró recopilar más de 700.000 firmas, superando significativamente las 500.000 necesarias para presentar la propuesta ante el Parlamento.