La prohibición de acceder y utilizar las carreteras en el centro de la ciudad de Madrid, establecida en la Primera Disposición Transitoria de la Ordenanza de Movilidad Sostenible del 5 de octubre de 2018, comenzará el 1 de enero. A partir de ese día, dos de cada tres vehículos propiedad de los residentes de Madrid no podrán ingresar a la capital.
Como resultado, la Asociación Europea de Automovilistas (AEA) ha solicitado al Ayuntamiento de Madrid que apruebe una moratoria de al menos dos años debido a la magnitud del problema que de repente se presentará para cientos de miles de madrileños que poseen vehículos sin la calificación adecuada de emisiones de combustible, según estimaciones, la cifra podría superar el millón de ciudadanos.
En su petición al Alcalde, la AEA considera que “la verdadera dimensión económica y social de esta prohibición no fue prevista en el momento de redactar y aprobar la Ordenanza de Movilidad y, por lo tanto, la normativa municipal no cumple con el principio de proporcionalidad al que debe estar vinculada la actividad administrativa que restringe tales derechos”.
Esto se debe a que la medida afecta a uno de cada tres residentes de Madrid, 1,189,607, y a dos de cada tres vehículos que conforman la flota de automóviles de Madrid, cuyo valor económico supera los 5.2 mil millones de euros (según el valor promedio de un automóvil de más de 15 años), que tendría que ser asumido por los propietarios sin ninguna compensación.
Tampoco se tuvo en cuenta la pérdida de ingresos de alrededor de 32 millones para el presupuesto municipal en forma de IVTM (impuesto de circulación).
Por lo tanto, la AEA ha pedido al Alcalde de Madrid, Sr. Martínez Almeida, que apruebe con urgencia una moratoria, de al menos dos años, de la prohibición de acceder y circular en las vías públicas urbanas dentro del área territorial de la ZBE de Madrid.