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El Consejo de Mallorca ha indicado que el verano de 2026 sería la fecha más “realista” para comenzar a aplicar restricciones a la circulación y entrada de vehículos a la isla. El presidente del Consejo, Llorenç Galmés, admitió que le gustaría “tenerlas aplicadas en 2025”, pero durante el último año dijo que se ha tenido que dedicar a llevar a cabo un estudio de la carga en la red viaria de Mallorca.
Indicó que el consejo ya ha encargado un informe a los servicios legales para implementar las diversas medidas “tan pronto como sea posible”, aunque estas deben pasar primero por el pleno del Consejo y luego por el Parlamento. Entre las medidas se encuentran el establecimiento de un límite en el número de coches que pueden circular por las carreteras, limitar el número de coches de alquiler que pueden entrar y un impuesto “disuasorio” para los coches que quieran entrar en Mallorca.
Otras propuestas en el estudio incluyen la creación de planes de movilidad en los municipios y centros generadores de tráfico, la promoción de iniciativas de movilidad colaborativa, como el carsharing y el carpooling, la recuperación de líneas ferroviarias, como la línea de Llucmajor, y un aumento en las frecuencias de autobuses y carriles para el transporte público.
Galmés hizo estas declaraciones en una Comisión de Movilidad ‘ampliada’ celebrada hoy, martes, en la que se presentaron los resultados del estudio de carga a los partidos de la oposición en el Consejo de Mallorca, el Gobierno, representantes de la DGT, la Autoridad Portuaria de las Islas Baleares y la Federación de Entidades Locales de las Islas Baleares (Felib). Destacó que quiere que estas medidas sean “consensuadas” y para compensar esta reducción de vehículos privados, se desarrollará un plan de aparcamientos disuasorios para promover el transporte público y otro de carreteras cívicas con más de 60 kilómetros de carriles peatonales y ciclistas, con el objetivo de “promover la movilidad sostenible entre los mallorquines”.
“Está claro que el Consejo no puede mirar hacia otro lado, como ha hecho en las dos últimas legislaturas, y tiene que actuar, cuando por primera vez en la historia de Mallorca tenemos datos que indican que, por ejemplo, sólo en 2023 entraron en la isla casi 400.000 coches, un 108% más que en 2017”, subrayó.
La portavoz de la oposición del PSIB, Catalina Cladera, ha calificado el estudio de carga como “muy básico” y ha reprochado al Consejo por “no abordar” el tráfico en los accesos a Palma, que, en su opinión, es donde el problema persiste “durante todo el año”.
Cladera pidió la continuación de medidas que se han desarrollado hasta ahora, como el transporte público gratuito, la ampliación de la red ferroviaria y de autobuses, y la creación de aparcamientos disuasorios. Al mismo tiempo, afirmó que para reducir el número de vehículos, es necesario “reducir plazas turísticas”, una medida que criticó al Consejo por anunciar pero “no actuar sobre ella”.
Jaume Alzamora, portavoz de MÉS per Mallorca en el consejo insular, anunció que el grupo ha registrado enmiendas al presupuesto del Consejo por un total de nueve millones de euros para implementar las medidas contempladas en el estudio de carga en la red viaria. El consejero insular advirtió que el proyecto de presupuesto presentado por el equipo de gobierno para 2025 “no incluye ningún concepto presupuestario para implementar las medidas, recomendaciones e indicaciones contenidas en el estudio de carga” de la red viaria, por lo que afirmó que estos presupuestos públicos están enmarcados en “un contexto alejado de la realidad mallorquina”.
El portavoz de El PI, Antoni Salas, expresó su apoyo al equipo del consejo para implementar medidas que pongan fin a la “saturación de vehículos en la isla”. “Estas medidas son necesarias, pero llegan demasiado tarde. El PI lleva años pidiendo una limitación de vehículos de alquiler, una limitación de coches y un estudio de carga”, explicó, añadiendo que también debería llevarse a cabo un estudio de la capacidad humana de carga de las Baleares.
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