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La regulación sobre alquileres turísticos en España pone en peligro 30.000 millones de euros, el 2% del PIB, y 400.000 puestos de trabajo, según un informe de Oxford Economics con datos de Eurostat y Airbnb. La plataforma de alquiler ha denunciado que las autoridades han elaborado sus regulaciones “sin tener en cuenta consideraciones importantes”, como la ubicación (rural o urbana) o el tipo de actividad (ocasional o dedicada).
“Esto ha resultado en prohibiciones generales en algunas ciudades, regulaciones regionales restrictivas amplias o una burocracia excesiva que está expulsando a aquellos que realizan esta actividad de forma ocasional, principalmente familias, sin resolver ninguno de los problemas”, dijo en un comunicado. Airbnb ha pedido que se promuevan los beneficios que la actividad de alquiler tiene en las familias, las zonas rurales y las pequeñas empresas, y que esta actividad deje de ser señalada como “el chivo expiatorio de los grandes desafíos de vivienda”.
Aun así, la empresa ha reconocido que algunas ciudades y destinos en España enfrentan un enorme desafío en el turismo masivo y la concentración de la actividad turística, alineándose con los gobiernos en la intención de aliviar la crisis de vivienda. El modelo regulatorio propuesto por Airbnb se basa en cuatro principios regulatorios. En primer lugar, la plataforma aboga por una clara distinción entre las actividades comerciales a través de alquileres turísticos dedicados únicamente a alquileres a corto plazo y el alojamiento ocasional en las casas de las familias.
Para la empresa, también es importante un sistema de registro único, armonizado, gratuito y en línea; de acuerdo con las regulaciones de la UE, junto con reglas basadas en evidencia, impulsadas por datos, proporcionadas, no discriminatorias y justificadas. Finalmente, el cuarto principio se basa en regulaciones adaptadas a las necesidades de áreas menos frecuentadas y menos conocidas, típicamente rurales, en contraste con la complejidad de las áreas urbanas, y que promueven la dispersión de viajes por toda España.
Este año, se destinarán diez millones de euros en las Islas Baleares en la lucha continua contra los alquileres vacacionales ilegales. Los consejos insulares utilizarán este dinero para aumentar el número de inspectores y mejorar las tecnologías que se utilizan. Describiendo la oferta ilegal como “uno de los grandes flagelos” en las Baleares, el ministro de turismo Jaume Bauzá dijo que los diez millones se destinarían a la “primera fase” de una estrategia para utilizar los ingresos del impuesto turístico en la lucha contra el alquiler ilegal. La intención es aumentar la financiación en los próximos años.
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