Los problemas del alcalde de Estepona se profundizan: El líder en apuros ‘entregó un trabajo de 60.000 euros al año a la esposa no cualificada de su presunta víctima’, escucha el tribunal

The case continues to unfold with more shocking revelations coming to light. The hiring of the victim’s wife in a high-paying position raises questions about potential misuse of public funds and further complicates the already serious allegations against Mayor Jose Maria Urbano.

As the investigation progresses, there is growing pressure for Urbano to step down from his position as mayor to allow for a thorough and impartial investigation to take place. The credibility of the town hall and the well-being of the town’s residents are at stake, and clear answers are needed to address the concerns raised by these allegations.

The situation has escalated to the point where the victim’s wife, who was initially a witness, has now become a victim herself in the proceedings. The allegations of sexual harassment and potential embezzlement of funds are serious charges that must be thoroughly investigated.

With the victim’s testimony shedding light on the extent of the alleged abuse and threats, it is clear that this case has far-reaching implications beyond the mayor’s private life. It is imperative that justice is served and that those responsible are held accountable for their actions.

As the case continues to unfold, it is essential that transparency and accountability are maintained to ensure that the truth is revealed and justice is served for all parties involved. The residents of Estepona deserve nothing less than a thorough and impartial investigation to address these serious allegations.

It remains to be seen how the case will progress and what further revelations will come to light, but one thing is certain: the allegations against Mayor Jose Maria Urbano are not to be taken lightly, and the truth must be sought out and justice must be served.

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También se negó a responder a la prensa reunida fuera de la sala del tribunal.

En una reunión oficial del ayuntamiento el mes pasado, la concejala de la oposición del PSOE, Emma Molina, preguntó al alcalde si había considerado ‘dimitir’.

Describió su fracaso como ‘antiético’ y dijo que los residentes locales estaban ‘hablando de ello en las calles’ y exigiendo respuestas urgentes.

“¿No cree que negarse a responder a la acusación obstaculiza la búsqueda de la verdad?” añadió.

Él respondió con enojo que no dimitiría por un caso que calificó de ‘político’ y que solo tenía como objetivo manchar su reputación.

La presión sobre el alcalde está creciendo, especialmente porque más testigos darán testimonio la próxima semana.

“Tengan la seguridad de que solo me retiraré de la vida política cuando considere que he cumplido con mi función, mi deber y mi obligación con el pueblo, o cuando la gente así lo quiera”, respondió Urbano, de 61 años.

“No dimitiré por ninguna otra razón, y ciertamente no por una de naturaleza política como la que usted menciona.”

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El alcalde también evitó una serie de preguntas sobre su conducta durante un interrogatorio de concejales de la oposición.

“¿Por qué, señor alcalde, decidió no responder a las preguntas de la acusación y del abogado de la acusación?” comenzó ella.

“¿Está dispuesto a explicar por qué mintió públicamente cuando dijo que iba a declarar voluntariamente cuando en realidad lo hizo como sospechoso, dado que es la única opción que tiene para ejercer su derecho a no declarar?”

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“¿No cree que negarse a responder a la acusación obstruye el proceso legal y la búsqueda de la verdad, cuando debería ser la primera parte interesada en aclarar los supuestos hechos de los que se le acusa?”

Ella sugirió que esquivar las preguntas del fiscal ‘podría ser una estrategia para evitar dar explicaciones directas’.

La concejala imploró al alcalde que al menos diera una explicación a los ‘ciudadanos preocupados de Estepona que ya están discutiendo el tema en las calles’.

“Si no lo hace, les estará defraudando su confianza.”

Según la denuncia de la víctima, los hechos comenzaron en el Parador de Málaga Golf Club, cuando la víctima llamó la atención de Urbano.

Durante 15 meses, se acusa al alcalde de presionar al policía y a su esposa para tener relaciones sexuales, empleando tanto amenazas como incentivos.

“Desde el principio, sintió que el acusado lo miraba y hablaba con él de manera especial, no de acuerdo con la relación laboral normal que un alcalde puede tener con sus funcionarios”, dice la denuncia.

Describe la ‘intención libidinosa’ que el alcalde tenía hacia el joven policía.

“Este último, incapaz de creer lo que estaba escuchando, y con un profundo miedo (por si tal rechazo podía afectar a su trabajo (tiene dos hijos pequeños)), no tuvo otra opción que acceder a las demandas sexuales del Sr. García Urbano.

“En todos los episodios, el denunciante tuvo que acceder a las demandas sexuales del acusado por temor a perder su trabajo y, como consecuencia, no poder mantener a su familia”, afirma la denuncia.

Pero las amenazas y la presión no fueron las únicas herramientas de García Urbano, según el documento.

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Ofreció a la víctima y a su esposa, que viven en Córdoba, una ayuda de €2,000 al mes y la promesa de un apartamento en Estepona para ‘continuar satisfaciendo sus deseos sexuales’.

Una vez establecido este acuerdo, García Urbano supuestamente contactó al denunciante ‘insistentemente y a diario’, para continuar el encuentro sexual tanto con él como con su esposa.

El alcalde llegó al punto de decir que ‘si no colaboraba, su carrera profesional había terminado para siempre’ y que ‘le iba a hacer la vida imposible, ya que tiene contactos que le impiden trabajar en cualquier lugar’, según la denuncia.

“Sintiéndose humillado, [García Urbano] le ordenó desnudarse para tener relaciones sexuales con él. [La víctima] se negó a hacerlo, pero el Sr. García Urbano le repitió que, si no lo hacía, perdería su trabajo”, continúa.

También se alega que García Urbano le dio a la víctima ‘unas pastillas azules’ para poder cumplir con sus órdenes.

El empleado, que actualmente se encuentra en Córdoba y en ‘baja por motivos de salud mental’, afirma que enfrentó el ‘acoso sexual’ entre marzo de 2022 y junio de 2023.

Según informes, recientemente había comenzado a trabajar en la policía local del pueblo.

Las acusaciones son un bombazo para el exitoso ex abogado y notario, que ha sido señalado por muchos como candidato al puesto más alto en la Junta.

El alcalde, quien obtuvo un récord del 69.4% de los votos en las elecciones de 2019, ha negado las acusaciones.

“Es una campaña injustificable e injusta para dañar mi dignidad personal y mi trayectoria con un claro y espurio objetivo”, insistió en un comunicado a principios de este mes.