Los empresarios no hicieron nada malo al cobrar una comisión de 6 millones de euros por el acuerdo de material de protección Covid-19 en España.

Dos empresarios han sido absueltos de defraudar al Ayuntamiento de Madrid al cobrar 6 millones de euros en comisión por asegurar un contrato de material de protección en los primeros días de la pandemia de Covid-19.

Alberto Luceño y Luis Medina estaban en el banquillo en un caso de alto perfil escuchado por la Audiencia Provincial de Madrid.

El tribunal determinó que los hombres no engañaron al Ayuntamiento de Madrid en 2020 cuando actuaron como intermediarios para asegurar un acuerdo de material de protección.

En un asunto separado, Luceño fue condenado a un total de tres meses y ocho meses por defraudar a las autoridades fiscales y por falsificación de documentos.

También tiene que pagar una multa de 3,5 millones de euros y compensar a la Agencia Tributaria con más de 1,35 millones de euros.

En cuanto al contrato de material de protección, el tribunal determinó que “no está probado” que Luceño y Medina dijeran que no iban a cobrar ninguna comisión al suministrar suministros a Madrid.

El tribunal dijo que no se discutió nada sobre renunciar a los cargos de comisión entre los hombres y los representantes del Ayuntamiento de Madrid.

Por lo tanto, consideró que no ocultaron que iban a recibir comisiones millonarias y que el consejo “tampoco les preguntó al respecto”.

El tribunal dijo que Medina y Luceño no estaban “obligados a informar al comprador” sobre la existencia de una comisión y su cantidad.

“No hay engaño penalmente relevante por parte de los acusados, siempre que no ocultaran algo que estuvieran obligados a revelar al comprador”, dice la sentencia.

Al inicio de la pandemia, el Ayuntamiento de Madrid compró un millón de mascarillas, 2,5 millones de pares de guantes y 250.000 pruebas de Covid a una empresa malaya llamada Leno.

LEAR  Almoradí 10 años de excelencia en alcachofas « Euro Weekly News

El contrato fue asegurado por Luceño y Medina por más de 11,5 millones de euros.

Según el juez Adolfo Carretero, a cargo de investigar el caso, los precios habían sido “inflados” en un 60% en el caso de las mascarillas, un 81% para los guantes y un 71% para las pruebas.

Los dos empresarios con los altos precios lograron conseguir el contrato, que trajo “altas comisiones” con Luceño embolsando 5 millones de euros y Medina, 1 millón de euros.

El dinero se utilizó para comprar coches de lujo y un yate.