El Gobierno Balear tiene previsto reintroducir una legislación que implicará que las obras ilegales en lo que se define como terreno rústico común estarán sujetas a un plazo de prescripción de ocho años. Después de este período, no se tomará ninguna medida contra el infractor. No habrá orden de demolición ni obligación de restaurar la tierra a su estado anterior.
La regla de los ocho años fue introducida originalmente tras el establecimiento del gobierno regional en 1983. Permaneció sin cambios hasta 2016, cuando una enmienda del primer gobierno de Francina Armengol significó que los delitos no podían prescribir. Por lo tanto, el gobierno actual está derogando esa enmienda, y se espera que la regla de los ocho años vuelva a estar vigente a partir de la próxima semana.
Es una de las medidas en el marco de la legislación de simplificación administrativa del gobierno que está principalmente dirigida a las regulaciones urbanísticas.
Para la oposición, María Ramon de Mes reconoce que puede haber una regulación excesiva en las Islas Baleares, pero existe debido a épocas en las que hubo un “robo desenfrenado”. El gobierno está fomentando un “urbanismo a la carta. No está estableciendo límites y está estableciendo una amnistía para todo lo que se hizo ilegalmente”.