La decisión del gobierno español de eliminar los peajes en la autopista de circunvalación de Alicante mientras los mantiene en la AP-7 en la región de la Vega Baja ha generado una gran indignación y frustración entre los políticos locales y líderes empresariales.
Los alcaldes y representantes del ayuntamiento de Orihuela y Pilar de la Horadada han criticado vehementemente la decisión del gobierno, acusándolos de marginar a la región. Argumentan que el peaje afecta desproporcionadamente a residentes y turistas, obstaculizando la actividad económica y el turismo.
La comunidad empresarial también comparte la indignación, junto con la Cámara de Comercio y asociaciones agrícolas, resaltando el impacto negativo en la economía de la región. Se culpa al peaje de los graves atascos de tráfico en rutas alternativas, causando retrasos y trastornos tanto para las empresas como para los residentes.
Las llamadas para la eliminación del peaje de la AP-7 se han intensificado, con líderes locales exigiendo un trato igualitario y destacando los beneficios económicos que traería a la región. La situación se ha convertido en un importante punto de controversia entre la Vega Baja y el gobierno central.
Aunque el gobierno ha anunciado planes para ampliar la N-332, que está muy congestionada debido a la evasión de peajes, los funcionarios locales creen que eliminar el peaje proporcionaría una solución más inmediata y efectiva a los problemas de tráfico de la región.
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Los atascos de tráfico en hora punta en la N-332 son notables tanto en Orihuela Costa, donde la carretera ya ha sido duplicada, como en Torrevieja.