Esa última decisión, en particular, recibió cierta resistencia de la comunidad legal. Y, como era de esperar, Musk y los accionistas de Tesla descendieron. “Corrupción absoluta”, escribió Musk sobre la decisión.
Otros golpes siguieron. En una decisión importante el año pasado, el vicecanciller del tribunal de Delaware, J. Travis Laster, dictaminó que los consejos de administración de las empresas no pueden ceder efectivamente poder en cuestiones clave, como acuerdos y compensación ejecutiva, a un accionista controlador. Esa sentencia, que se centró en el poder otorgado por los miembros de la junta a Ken Moelis, el accionista controlador del banco de inversión Moelis, puso a Delaware y a sus asesores en un lío.
Luego, en un movimiento extraordinario, el tribunal deshizo efectivamente esa decisión, aprobando una enmienda este verano que permitía a las empresas celebrar tales acuerdos. Un acalorado debate sobre esa enmienda en el piso de la legislatura estatal pronto se convirtió en una discusión controvertida sobre la dirección de la ley corporativa de Delaware.
“En este momento, el mercado corporativo no se siente bien con Delaware”, dijo un ex juez estatal, William Chandler, en el pleno de la Cámara, atribuyendo ese sentimiento a “la incertidumbre e imprevisibilidad de algunas decisiones de solo dos jueces”, refiriéndose a McCormick y Laster.
Ese debate se ha convertido en una telenovela de intereses corporativos. Profesores de derecho, que sienten fervorosamente acerca de la ley, y quizás, más cínicamente, acerca de su relación con los jueces de Delaware, escribieron defensas apasionadas. Los jueces, enfrentando un escrutinio desmedido, lanzaron golpes en las redes sociales.