Antiguo ministro regional Salomé Pradas y antiguo secretario regional de emergencias, Emilio Argüeso
Hasta su destitución el pasado noviembre, Salomé Pradas era responsable de supervisar la respuesta de emergencia de la región y el esfuerzo de protección civil, cargo que ocupó durante las devastadoras inundaciones de la DANA en Valencia, el año pasado, durante las cuales fallecieron más de 200 personas.
Ella estaba a cargo de coordinar el Centro de Coordinación de Emergencias y garantizar la seguridad de los residentes durante la crisis. Su papel requería una acción decisiva para proteger la salud pública y mitigar el impacto de las inundaciones.
El viernes, la Fiscalía de Valencia respaldó su acusación, argumentando que Pradas estaba legalmente obligada a asumir la responsabilidad de implementar medidas para proteger al público durante la crisis, como se establece en la Ley de Protección Civil.
Este desarrollo refuerza la probabilidad de que Pradas enfrente un juicio por su papel en el desastre, que causó una pérdida significativa de vidas y daños materiales.
La Fiscalía ha solicitado la confirmación de los cargos contra Pradas y el antiguo secretario regional Emilio Argüeso, tras una decisión del juez el 10 de marzo. La Fiscalía considera que la decisión del juez es legalmente sólida y que los cargos deben proceder.
Pradas está acusada de no tomar las acciones necesarias para proteger al público, a pesar de tener la autoridad para dirigir la respuesta de emergencia una vez declarada la Situación de Emergencia Dos.
La Fiscalía enfatizó que, como Ministra Regional, era su responsabilidad determinar e implementar medidas protectoras para resguardar a la población.
Pradas estaba a cargo de los Planes de Protección Civil de la región y tenía autoridad sobre el Centro de Coordinación de Emergencias. Como tal, se esperaba que tomara decisiones críticas sobre evacuaciones, medidas de protección y protocolos de seguridad pública.
Pradas con el Presidente de la Generalitat, Carlos Mazon
Además, la Fiscalía señaló que el Consell, el máximo órgano rector de protección civil en la Comunidad Valenciana, era en última instancia responsable de garantizar la seguridad de la población durante las inundaciones. La falta de acción de Pradas exacerbó el daño causado por la crisis, según la acusación.
El equipo de defensa de Pradas ha argumentado que ninguna persona debería asumir la responsabilidad penal por las muertes y la destrucción causadas por las inundaciones. Argumentan que la falla fue un problema sistémico que involucró a las tres administraciones, no las acciones de una persona específica.
Han presentado a Pradas como un “chivo expiatorio” de la catástrofe, cuestionando el vínculo directo entre sus acciones y los trágicos resultados del desastre.
A pesar de estas defensas, la Fiscalía ha rechazado firmemente la apelación de Pradas para desestimar los cargos. En su declaración, la Fiscalía aclaró que Pradas era responsable de supervisar el plan de gestión de riesgos de inundaciones y tenía la autoridad para tomar decisiones para proteger al público. Señalaron evidencia del Ministerio de Emergencias, que sugiere que Pradas estuvo directamente involucrada en la coordinación de la respuesta de emergencia.
La Fiscalía ha solicitado el rechazo de la apelación de Pradas, que buscaba cerrar el caso, argumentando que la responsabilidad de las muertes no podía atribuirse a ninguna persona específica.
Esta decisión aumenta la probabilidad de que Pradas enfrente un juicio. Aunque el proceso legal está en curso y su defensa continúa desafiando los cargos, la postura firme de la Fiscalía sugiere que el caso avanza hacia el juicio.
En conclusión, las posibilidades de que Salomé Pradas sea procesada por su manejo de la crisis de la Dana ahora parecen cada vez más probables.
Con la Fiscalía respaldando los cargos y rechazando su defensa, es probable que los procedimientos legales continúen y Pradas pronto pueda enfrentar un juicio.
Esto marca un paso significativo hacia la rendición de cuentas de los responsables del desastre.