NICOSIA, Chipre (AP) — Chipre y la agencia de Naciones Unidas para los refugiados chocaron el jueves por las acusaciones de que la nación isleña del este del Mediterráneo continúa realizando las llamadas devoluciones de barcos cargados de migrantes que parten de los vecinos Siria o Líbano.
El enfrentamiento, que tuvo lugar en la radiodifusora estatal el jueves, ocurrió unos días después de que las autoridades chipriotas recuperaron a dos supervivientes y siete cuerpos en aguas internacionales frente a Chipre después de que su barco aparentemente se hundiera en aguas agitadas.
Emilia Strovolidou, portavoz del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, dijo a la radiodifusora estatal que la policía chipriota interceptó tres barcos de migrantes dentro de las aguas territoriales de Chipre entre el 13 y el 14 de marzo, pero les impidió desembarcar en el puerto de Larnaca, obligándolos a regresar a Siria desde donde partieron.
El ministro de Justicia de Chipre, Marios Hartsiotis, disputó enérgicamente las afirmaciones de Strovolidou, diciendo que los barcos patrulleros chipriotas interceptaron dos – no tres – barcos cerca de las aguas territoriales del Líbano dentro del área de responsabilidad de búsqueda y rescate de Chipre.
Dijo que las autoridades chipriotas solicitaron la asistencia del Líbano – de acuerdo con un acuerdo bilateral – para devolver los barcos a la costa libanesa desde donde zarparon.
Hartsiotis insistió en que Chipre no participa en devoluciones y cumple con sus obligaciones legales internacionales, agregando que una “organización seria” como el ACNUR “debe fundamentar sus afirmaciones”. Dijo que cualquier información relevante debe ser enviada a la policía chipriota para una investigación adecuada.
El ministro de Defensa Vasilis Palmas también dijo que las afirmaciones del ACNUR “no tienen fundamento”.
“Tenemos todo el derecho de proteger nuestras fronteras, incluidas las marítimas”, dijo Hartsiotis. El enfoque firme de Chipre ante las llegadas irregulares de migrantes vio una caída drástica en dichas llegadas en los últimos dos años. En 2024, las llegadas de migrantes disminuyeron un 64% en comparación con 2022, mientras que el porcentaje de salidas de migrantes aumentó del 43% en 2022 al 179% en 2024.
The Associated Press pidió al ACNUR que explicara las discrepancias en las dos versiones. En un comunicado escrito, la agencia no ofreció más detalles, pero insistió en que las “personas a bordo se les negó el acceso a Chipre y ahora están de regreso en Siria de donde habían huido”.
“El principio legal internacional de no devolución prohíbe a todos los estados… participar en conductas que pongan en riesgo el retorno -directa o indirectamente- de personas a un lugar donde estarían en riesgo de persecución o graves violaciones de los derechos humanos”, dijo el comunicado.
La afirmación del gobierno de Chipre de que no participa en devoluciones se basa en su propia definición de lo que constituye una devolución. Hartsiotis dijo que un elemento clave de una devolución es el uso de la violencia, y que las autoridades chipriotas no recurren a tales tácticas.
El tribunal de derechos humanos de Europa dictaminó en octubre pasado que Chipre violó el derecho de dos nacionales sirios a solicitar asilo en la nación isleña después de mantenerlos, junto con más de dos docenas de personas, a bordo de un barco en el mar durante dos días antes de enviarlos de vuelta al Líbano.
La disputa siguió al rescate del lunes de dos hombres a unos 45 kilómetros (28 millas) al sur de Chipre, donde un barco en el que eran pasajeros se hundió en aguas agitadas.
Los funcionarios dijeron que se cree que el barco llevaba al menos a 20 hombres sirios de entre 25 y 30 años. Una búsqueda en curso de la zona no ha arrojado más resultados.
El hundimiento provocó especulaciones en los medios sobre la presunta inacción de las autoridades chipriotas, especialmente después de que se supo que la organización no gubernamental Alarm Phone había advertido a las autoridades un día antes de un barco de migrantes en peligro en algún lugar frente a la costa sur de Chipre.
Esto provocó una respuesta enérgica en la que los funcionarios gubernamentales afirmaron que se habían enviado activos aéreos y marítimos en un esfuerzo de búsqueda que cubría un área de 1,000 millas náuticas sin resultados.
En un comunicado conjunto, los ministros de Justicia, Defensa y Migración dijeron que hasta ahora no hay nada que sugiera que la advertencia de Alarm Phone se refería al barco hundido en el que iban los dos hombres rescatados.
“Es inaceptable que la República de Chipre sea acusada de violar los derechos humanos”, dijeron los ministros. “La República de Chipre nunca ha ignorado una llamada de ayuda o un mensaje sobre una operación de búsqueda y rescate y toma todas las medidas necesarias de acuerdo con la ley.”