BUENOS AIRES, Argentina (AP) — Un juez federal dictaminó el lunes que existen pruebas suficientes para proceder con cargos formales contra el ex presidente de Argentina Alberto Fernández por cometer violencia contra la ex primera dama Fabiola Yáñez.
Fernández está acusado de causar “lesiones leves y graves, agravadas por haber sido cometidas en un contexto de violencia de género y contra su pareja en dos ocasiones”, según una resolución emitida el lunes por el juez federal Julián Ercolini y vista por The Associated Press.
Ercolini también puso un embargo de 10 millones de pesos (unos 8 millones de dólares) sobre parte de los activos de Fernández.
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Fernández, de 65 años, un político peronista de izquierda que fue presidente de Argentina de 2019 a 2023, ha negado los incidentes que Yáñez, de 43 años, reportó en agosto de 2024.
Tras la denuncia de la mujer, un fiscal acusó a Fernández el año pasado, iniciando una investigación formal. El juez Ercolini, siguiendo los plazos legales argentinos, posteriormente dictaminó que existen pruebas suficientes para proceder con cargos formales en su contra.
Fernández puede apelar esta decisión, y el caso solo avanzará a juicio después de fallos de instancias superiores. Este proceso de apelación podría llevar años.
Después de ser elegido presidente en 2019, “la violencia física habría continuado y escalado, más precisamente después de que ella quedara embarazada (hacia finales de julio-principios de agosto de 2021), en forma de agarres de cuello, sacudidas, bofetadas abiertas y golpes que causaron lesiones en el cuerpo de la mencionada”, escribió Ercolini.
Las pruebas consideradas por el juez incluyen conversaciones de WhatsApp que Yáñez tuvo con el secretario privado del entonces presidente (conteniendo fotos de sus lesiones), el testimonio de Yáñez, certificados médicos y testimonios corroborativos de familiares y amigos.
Según el juez, ocho años de “agresiones psicológicas y físicas” habrían dejado a Yáñez con “daños psicológicos, causando un deterioro permanente de su salud”.
Si es condenado y hallado culpable, el ex presidente podría enfrentar un máximo de 18 años de prisión.
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