El gobierno de las Islas Canarias enfrenta serias acusaciones de abandono de menores si se niega a acoger a migrantes menores de edad no acompañados.
Recientemente, las islas implementaron un nuevo protocolo que hace más estricto el proceso para darles la bienvenida.
Bajo estas nuevas reglas, los niños enfrentarán informes policiales y entrevistas individuales que pueden retrasar su traslado a centros de atención especializada.
En respuesta, la fiscal jefe de la región, María Farnes Martínez, emitió un decreto el viernes instruyendo a los fiscales a intervenir si el gobierno no acoge a estos niños vulnerables.
Según la fiscal, estos retrasos podrían llevar al gobierno a ser acusado del delito de abandono de menores.
Ha recordado a las autoridades locales que deben garantizar que los menores reciban la protección y el alojamiento necesarios hasta que sean acogidos por el gobierno regional.
En su decreto, Martínez detalla una serie de pasos que los fiscales deben seguir al tratar casos de menores no acompañados que llegan a las Islas Canarias.
Estos incluyen documentar las circunstancias de cada caso y asegurarse de que el gobierno esté cumpliendo con sus obligaciones de proteger a los niños vulnerables.
Como parte de eso, las autoridades deben estar al tanto de si el niño forma parte de una unidad familiar, si llegaron con un padre, pariente o tutor, detalles de su viaje y su estado de salud.
La advertencia de la fiscal llega en medio de un continuo flujo de menores migrantes hacia las Islas Canarias.
La región ha experimentado un aumento significativo en el número de niños no acompañados que llegan por mar en los últimos años.