El jefe de la agencia nacional de meteorología de España está siendo investigado por homicidio involuntario por la muerte de 221 personas en Valencia el mes pasado.
María José Rallo del Olmo, presidenta de Aemet, es una de las tres funcionarias en la línea de fuego de una denuncia presentada por el grupo activista Manos Limpias.
El grupo considera que Rallo del Olmo es culpable conjuntamente de la pérdida de vidas tras las catastróficas tormentas e inundaciones que azotaron la región de Valencia el 29 de octubre.
La denuncia detalla una serie de errores de negligencia en la gestión por parte de Aemet, el gobierno regional y la autoridad hidrológica regional que contribuyeron a las muertes.
Voluntarios ayudan en las calles de Paiporta a quitar el barro y el agua acumulada durante las mortales inundaciones. Foto: Martí Segura Ramoneda
La primera afirmación es que la alerta roja enviada por Aemet a las 8 de la mañana el día del desastre fue ‘insuficiente’ porque solo advertía a los residentes que no viajaran.
El presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo, aparece como culpable por no advertir al gobierno regional de los mortales flujos de agua torrencial en el barranco de Poyo hasta que fue demasiado tarde.
La confederación notificó supuestamente a la Generalitat de Valencia que el flujo del barranco era bajo a las 3.50 de la tarde.
Pero los datos de un sensor en el barranco comenzaron a informar que el cauce estaba fuera de control alrededor de las 5 de la tarde, sin embargo, la autoridad de Polo no advirtió a la Generalitat hasta las 6.43 de la tarde, cuando ya habían comenzado a morir personas.
La denuncia agrega que la Confederación Hidrográfica del Júcar tiene un presupuesto de €58.2 millones, pero solo ha invertido €1.1 millones en infraestructura preventiva mientras que al mismo tiempo ha gastado más de €8 millones en salarios.
La tercera persona que podría encontrarse en el banquillo es el jefe de Seguridad y Emergencias de Valencia, Ángel Javier Montero.
El gobierno regional no envió alertas de emergencia de Protección Civil a los teléfonos móviles en las áreas afectadas hasta las 8.11 de la noche.
La denuncia fue aceptada por el juez Vicente Ríos, quien decidió seguir adelante y abrir una investigación formal.
Manos Limpias agregó que presentaron su propia denuncia después de perder la paciencia esperando a que el fiscal público ‘pasivo’ abriera una investigación.