BOGOTÁ, Colombia (AP) — Grupos armados que operan en la Amazonía de Colombia están apretando su control sobre la región y esto está frenando los esfuerzos del gobierno para abordar la deforestación, según un informe de un grupo de expertos publicado el jueves.
Los disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), conocidos como EMC, tienen la capacidad de frenar o acelerar la deforestación a voluntad, según el informe del Grupo Internacional de Crisis.
Algunos de los exmiembros de las FARC nunca firmaron y están en desacuerdo con el acuerdo de paz FARC-Colombia de 2016. Otros lo firmaron pero volvieron a tomar las armas, mientras que otros son nuevos en las filas disidentes ya sea como voluntarios o combatientes forzados, dijo Rodrigo Botero, director de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS).
EMC es actualmente el tercer grupo armado más grande de Colombia, con alrededor de 3,500 miembros.
“Este grupo es el más directamente responsable de la deforestación en los últimos cinco años,” dijo Botero. “Más de medio millón de hectáreas se han perdido en sus zonas de control.”
“Durante el último año,” dijo, “el EMC ha dado órdenes a la población para suspender la deforestación, pero este año la han aumentado de nuevo.”
Más del 40% de Colombia se encuentra en la Amazonía, un área aproximadamente del tamaño de España. El país tiene la mayor biodiversidad de aves del mundo. El 15% de la Amazonía colombiana ya ha sido deforestada, según la FCDS.
La primera administración de izquierda de Colombia bajo Gustavo Petro apuesta gran parte de su legitimidad en su agenda ambiental y de paz, dijo Bram Ebus, investigador del Grupo de Crisis y coautor del informe, a The Associated Press.
“Sin embargo, a medida que el entorno natural de Colombia continúa sufriendo los impactos severos de las dinámicas del conflicto y de las actividades económicas que alimentan la violencia, su legado político está en riesgo,” dijo Ebus.
El ministerio de medio ambiente de Colombia dijo en un comunicado el jueves que salvar la selva amazónica ha sido una de las principales prioridades de Petro y se ha logrado una reducción histórica de la deforestación en un 61% en los últimos dos años.
Reconociendo “las dificultades con las dinámicas de paz en el territorio y los actores armados,” el ministerio dijo que quiere construir un modelo de desarrollo forestal que beneficie a las comunidades amazónicas, recupere el bosque y detenga la deforestación ilegal.
Administraciones anteriores optaron por medidas punitivas contra las comunidades amazónicas cómplices de la deforestación, mientras que Petro ofrece incentivos, proponiendo ayuda financiera para apoyar la conservación forestal y promover medios de vida sostenibles, dijo Ebus.
“Sin embargo, la falta de control territorial obstaculiza la implementación de estos proyectos, ya que los grupos armados dominan la región, a menudo impidiendo que las comunidades se beneficien de las iniciativas financiadas por el Estado,” dijo.
El EMC es capaz de imponer control sobre los bosques a través de la coerción armada, dijo Elizabeth Dickenson, analista senior del Grupo de Crisis y coautora del informe. Agregó que a finales de 2022 y en marzo de 2023, los comandantes locales dieron órdenes estrictas a las comunidades para que cesaran la deforestación.
“Cualquiera que lo hiciera estaría sujeto a multas, trabajo comunitario forzado e incluso expulsión de la comunidad,” dijo Dickenson.
Pero a principios de este año, el EMC levantó las restricciones, para poder acelerar sus flujos de ingresos provenientes de la deforestación, dijo, añadiendo que el grupo obligaría a aquellos que deforestan a pagar una tarifa de extorsión para operar.
“Una de las cosas que fue muy alarmante al investigar este tema fue el grado en que las autoridades estatales no pueden acceder a áreas que están bajo su jurisdicción (EMC),” dijo. “Esto incluye parques nacionales, áreas protegidas.”
El diálogo con el EMC es una batalla cuesta arriba, dijo Ebus, señalando que el grupo ha violado repetidamente las reglas acordadas previamente durante los cese al fuego y ha bloqueado a las agencias estatales de entrar en territorios bajo su control.
“Si la administración Petro realmente quiere proteger la Amazonía, primero debe recuperar el acceso a estas áreas, ya que los grupos armados actualmente están tomando las decisiones,” dijo.
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