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Impulsado por el presidente Prohens en mayo, el pacto social y político por la sostenibilidad económica, social y medioambiental entrará en su segunda fase en enero.
Tras las reuniones de las doce comisiones de trabajo que se establecieron, esta segunda fase implicará cristalizar las contribuciones y llegar a un documento unificador que sirva como marco para la toma de decisiones futuras. Está previsto que este documento se presente durante el primer trimestre de 2025.
Aunque el título del pacto no se refiere expresamente al turismo, fue el turismo y sus impactos los que inspiraron el pacto. El lanzamiento precedió a las protestas que comenzaron en las Islas Baleares en mayo, pero para el momento del lanzamiento ya había habido protestas en Canarias. El movimiento social era evidente, por lo que el pacto fue una respuesta, una innovadora al reunir a todos los principales actores, como empresas, activistas, sindicatos, académicos y políticos – 140 entidades constituyentes.
Además, el pacto debía tener en cuenta las opiniones de la ciudadanía. Un ejercicio de escucha, un sitio web específico ha recibido más de 500 contribuciones. También se han realizado unos 50 estudios, incluido el del Consejo de Mallorca en relación al tráfico y posibles límites. El transporte terrestre es una de las doce comisiones de trabajo, y de hecho ha recibido más contribuciones que ninguna de las demás.
Un proceso participativo, el pacto ha sido objeto de críticas. Sus procedimientos son laboriosos; hay acusaciones de falta de transparencia; su composición está demasiado sesgada hacia las empresas; hay una obsesión por la recopilación y análisis de datos. Para algunos críticos, como los ecologistas de GOB, el nombramiento del profesor Antoni Riera fue una indicación de hacia dónde se dirigiría el pacto y sus deliberaciones. Economista, Riera es el director técnico de la Fundació Impulsa, una empresa conjunta para la competitividad que involucra al Gobierno Balear y la Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares.
El Foro de la Sociedad Civil ha sido la principal fuente de críticas. Anunció formalmente su retirada del pacto hace tres semanas. Grupos bajo el paraguas del foro – GOB, la federación de asociaciones de vecinos de Palma – han anunciado desde entonces sus retiradas específicas.
El vicepresidente del gobierno, Antoni Costa, acepta que estas retiradas fueron “una llamada de atención”, pero se aferra a la esperanza de que sean reversibles. Ha pedido paciencia a los grupos que “quizás tenían expectativas ligeramente diferentes”. “Les pediría que no suspendan el proceso de forma permanente y que continúen haciendo sus contribuciones en la segunda fase.”
El proceso, reconoce, tiene “una metodología que puede tener sus deficiencias porque es una forma innovadora de trabajar”. Pero destaca que el gobierno “no ha querido dar lecciones a nadie en ningún momento”. “El objetivo es muy claro: la transformación económica de las Islas Baleares, algo que no se puede hacer en dos días.”
Mientras tanto, Prohens ha declarado que se anunciarán medidas para abordar el overturismo en enero, lo que hace que algunos sientan que serán preventivas y cuestionen el papel del pacto. ¿No se supone que sus deliberaciones actúen como guía o incluso como determinante de medidas? En este sentido, la intención del gobierno de aumentar la tasa del impuesto turístico de junio a agosto también ha sido vista como preventiva.
Hay escepticismo. ¿Puede este pacto realmente cumplir la promesa de que definirá la próxima generación, que sentará las bases para lo que Prohens ha llamado “la tercera revolución turística” en las Islas Baleares? En 2025 comenzaremos a descubrirlo.
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