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Una moción parlamentaria de Més per Menorca el martes que requería hasta quince años de residencia antes de comprar una vivienda en las Baleares nunca fue probable que prosperara y no lo hizo. Propuesta por Josep Castells, argumentó que la demanda “extremadamente alta” de segundas viviendas de extranjeros de altos ingresos está aumentando los precios, lo que resulta en una escasez de viviendas para familias en las Baleares.
Castells insistió en que la moción buscaba dar prioridad a los residentes en las ventas de viviendas y preguntó a la presidenta Prohens si estaba de acuerdo en que los residentes deberían tener prioridad.
La presidenta respondió: “Ha llegado el momento de pensar en la vivienda para los residentes de las Baleares – familias, jóvenes, trabajadores de ingresos medios – después de ocho años de un gobierno de izquierda durante el cual se construyeron más viviendas de lujo y para compradores extranjeros que nunca antes”.
Expresó su apoyo a que se dé “prioridad absoluta a los residentes” en la vivienda y destacó las iniciativas del gobierno para abordar la emergencia habitacional. Una de ellas es el decreto para proyectos residenciales estratégicos, que requiere prueba de residencia de al menos cinco años (en un municipio determinado) para acceder a viviendas sociales o viviendas a precio limitado.
Prohens señaló que este período mínimo de cinco años puede ser ampliado por los ayuntamientos, dando los ejemplos de Esporles y Calviá, donde es de siete años, y en Sencelles, donde es de diez años.
El Gobierno Balear, señaló, tiene el poder de priorizar el acceso de los residentes a los programas de vivienda pública y asequible. “Pero no podemos decirles a las familias de las Baleares a quién vender sus viviendas”.
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