Las prestigiosas esculturas tenían un valor de 50,000 euros cada una, totalizando 250,000 euros.
El funcionario del ayuntamiento detrás de la presunta venta ilegal de chatarra municipal en Orihuela está programado para testificar en el tribunal el 18 de marzo, tras el aplazamiento de su audiencia inicial programada para el 18 de diciembre.
El acusado, un empleado municipal, está bajo investigación por un presunto delito de malversación y comparecerá ante el Juzgado de Instrucción número 1 a las 10:15 a.m.
La declaración fue inicialmente pospuesta porque el fiscal asignado al caso no estaba disponible en ese momento, lo que llevó a la reprogramación de la audiencia.
El Ayuntamiento de Orihuela se ha unido al caso como parte acusadora, considerándose víctima de la presunta malversación. Varios otros funcionarios municipales ya han prestado declaración ante el tribunal, pero a diferencia del principal sospechoso, lo hicieron como testigos. Algunos de estos testigos ya habían proporcionado declaraciones durante la investigación policial y, según el Ayuntamiento, han reafirmado sus declaraciones anteriores.
La controversia en torno a la venta ilegal de chatarra surgió poco antes de las últimas elecciones municipales. En ese momento, el partido de la oposición, el Partido Popular (PP), acusó a la administración local de realizar ventas no autorizadas de materiales recogidos de áreas públicas. Estos materiales se almacenaban en un depósito municipal en la carretera Molins cerca de la comisaría central de policía antes de ser presuntamente vendidos a empresas privadas de recuperación de chatarra.
Para respaldar sus afirmaciones, el PP presentó pruebas en video que mostraban un camión municipal transportando esculturas en forma de palmeras a una empresa en el polígono industrial Puente Alto. Estas esculturas, cinco en total, una vez adornaron el Rincón Hernandiano, la plaza que rodea la Casa-Museo Miguel Hernández. Originalmente fueron un regalo de la Fundación CAM en 2008, conmemorando el aniversario de la muerte del poeta Miguel Hernández.
Las esculturas habían sido retiradas de la exhibición pública debido al vandalismo y colocadas en almacenamiento municipal, donde permanecieron a pesar de su significativo valor artístico y financiero. El depósito también contenía otros artículos de valor, incluyendo un cañón, un ancla de la Plaza del Carmen y un monolito en honor al dictador Francisco Franco, que fue retirado de la Glorieta después de protestas públicas.
La Policía Nacional llevó a cabo una investigación sobre las ventas ilícitas de chatarra, descubriendo que las esculturas, creadas por la prestigiosa firma murciana Muher, tenían un valor de 50,000 euros cada una, totalizando 250,000 euros. Sin embargo, los trabajadores que las transportaron al desguace en Puente Alto supuestamente recibieron solo 940.40 euros a cambio.
Durante la investigación, las autoridades revisaron los registros de acceso a la instalación de almacenamiento municipal y descubrieron mensajes entre la ex alcaldesa Carolina Gracia (PSOE), en ese momento concejala de Recursos Humanos Luisa Boné (Cs), y un empleado del Departamento de Infraestructura, quien afirmaba que no tenía autoridad para proporcionar información a la policía.
La administración anterior de PSOE-Cs expresó sorpresa ante las acusaciones, afirmando que cooperaron plenamente con la investigación y apoyarían cualquier acción legal necesaria para descubrir la verdad. Incluso se comprometieron a presentarse como víctimas si el caso llegaba a juicio.
Las sospechas se extendieron a otro sitio de almacenamiento municipal en la costa. El concejal del PP Víctor Valverde, después de que su partido recuperara el control del gobierno municipal en junio de 2023, afirmó que se había trasladado más chatarra de este sitio costero a empresas en Almoradí y Los Montesinos. Sin embargo, la policía no encontró evidencia concluyente para respaldar estas afirmaciones.
Las investigaciones policiales revelaron, sin embargo, que algunos ingresos de las presuntas ventas de chatarra se utilizaron para pagar comidas a empleados municipales en restaurantes locales. Además, los testigos indicaron que los fondos también se utilizaron para comprar unidades de aire acondicionado y televisores en dos negocios locales, que luego se instalaron en oficinas municipales utilizadas por trabajadores de servicios.