Factura de mala praxis de medio millón de euros para el hospital de Torrevieja.

El asegurador de la UTE Torrevieja Salud, antigua concesionaria del hospital en la ciudad hasta que fue devuelto a la gestión pública, debe compensar a un paciente de 70 años con 480.000 euros “por una práctica médica inadecuada en la atención brindada”, durante la cual sufrió daño permanente en la médula espinal.

Los abogados Ica Aznar Congost y Javier Bruna Reverter, de la asociación ‘El Defensor del Paciente’, han llegado a un acuerdo extrajudicial por el cual la compañía de seguros Berkshire Hathaway European Insurance (España) del Hospital UTE Torrevieja Salud pagará la compensación, según la asociación en un comunicado.

Los abogados iniciaron una reclamación en abril de 2021, para la cual se presentó un recurso administrativo ante la 2ª Sección de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

Durante este proceso, y antes de que el tribunal emitiera un fallo, se llegó a un acuerdo extrajudicial con la compañía de seguros. El hospital público estaba gestionado de forma privada en el momento de los hechos.

Los hechos se remontan a 2020, cuando el paciente, entonces de 70 años, había sufrido un traumatismo directo en la zona lumbar tres meses antes y había acudido al Hospital de Torrevieja hasta en tres ocasiones, pero no se le realizaron las pruebas de imagen indicadas (resonancia dorsolumbar).

Esta situación llevó a que el paciente no fuera sometido a cirugía, a pesar de que tenía una lesión medular evolutiva que requería cirugía para descomprimir la médula espinal, estabilizar la columna y prevenir que el daño progrese. En cambio, fue dado de alta del hospital.

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El Defensor del Paciente señala que si se hubiera realizado la resonancia dorsolumbar a tiempo, la lesión podría haber sido diagnosticada tempranamente y la cirugía podría haberse realizado de inmediato. Sin embargo, esto no se hizo y actualmente “el paciente tiene daño permanente en la médula espinal como resultado de la deficiente atención médica prestada”.

La administración se defendió a sí misma, proporcionando informes de la inspección misma y de un especialista en medicina interna, que defendían una buena práctica médica, y resolviendo el caso al desechar la reclamación por derechos patrimoniales presentada.

En respuesta, los servicios legales de la asociación ‘El Defensor del Paciente’ apelaron al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, donde proporcionaron un informe de un traumatólogo y una valoración de lesiones y secuelas, que terminó con un acuerdo de indemnización con la compañía de seguros.