El Comité de Ayuda a Trabajadoras Sexuales (CATS) en Murcia ha presentado un informe que destaca las experiencias de las trabajadoras sexuales, quienes denuncian multas desproporcionadas, abusos verbales y detenciones arbitrarias por parte de las fuerzas policiales.
El informe, publicado con motivo del Día Internacional contra la Violencia hacia las Trabajadoras Sexuales, subraya la falta de protección policial y la criminalización del trabajo sexual. Fuensanta Gual, presidenta de CATS, enfatizó la situación particularmente preocupante en Murcia, donde las trabajadoras sexuales enfrentan un trato sistemático, que incluye “multas desproporcionadas, abusos verbales y detenciones arbitrarias”.
Los hallazgos, extraídos del informe “Las Prostitutas Hablan sobre la Violencia”, reflejan las voces de 318 trabajadoras sexuales encuestadas en Murcia, Albacete, Madrid, Alicante y Almería. Alarmantemente, el 60% reportó haber experimentado algún tipo de presión policial. Los principales abusos citados incluyen abuso verbal (26%), multas (11%), detenciones arbitrarias (8%) y procedimientos de expulsión (6%).
“Las mujeres deberían sentirse protegidas por las fuerzas del orden, pero en cambio huyen de los agentes de policía por miedo a ser multadas, arrestadas o deportadas”, dijo Bárbara Bolaños, mediadora de CATS.
En Murcia, una ordenanza municipal que apunta a la prostitución impone sanciones tanto a las trabajadoras sexuales como a los clientes, aunque la aplicación impacta desproporcionadamente a las trabajadoras mismas. “Las mujeres son las más visibles y, por lo tanto, las que reciben las multas. Estas sanciones, muchas veces imposibles de pagar, se convierten en deudas abrumadoras que profundizan su marginalización y limitan su acceso al apoyo social o a la regularización legal”, explicó Gual.
Según CATS, ha habido un aumento reciente en la aplicación de estas sanciones, incluidos casos en los que las mujeres simplemente estaban presentes en espacios públicos sin causar ninguna alteración.
La mediadora Bolaños también señaló que las trabajadoras sexuales más vulnerables, como las inmigrantes indocumentadas, las mujeres trans y las personas racializadas, se ven afectadas de manera desproporcionada. “Estas mujeres no solo sufren extorsión y acoso por parte de algunos agentes de policía, sino que también enfrentan discriminación y burlas. En lugar de encontrar protección, son tratadas como criminales”, dijo.
CATS continúa abogando por un cambio en las políticas y mayores protecciones para garantizar que las trabajadoras sexuales sean tratadas con dignidad y protegidas de la violencia y la exclusión.