ESPAÑA podría ser llevada a juicio por la Comisión Europea por no implementar completamente una directiva para promover la energía renovable y pasar un plazo para convertirla en ley nacional en junio de 2021.
Si el gobierno de Pedro Sánchez no hace nada para remediar el retraso, entonces Bruselas podría presentar una queja ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
España no está sola, con advertencias similares provenientes del ejecutivo de la UE hacia Irlanda, Francia y Hungría.
La directiva establece el marco legal para el desarrollo de energías renovables en electricidad, calefacción, refrigeración y transporte en la UE.
Establece un objetivo vinculante a nivel de la UE para 2030 en energía renovable e incluye reglas específicas para los certificados de origen.
Los certificados de origen son certificados electrónicos para informar a los clientes sobre el porcentaje de energía de fuentes renovables en la mezcla energética de un proveedor.
La directiva también incluye criterios de sostenibilidad y reducción de emisiones de gases de efecto invernadero para biocombustibles, biolíquidos y combustibles de biomasa, así como reglas para verificar que estos combustibles cumplan con los criterios requeridos.
El caso contra España y los otros tres países sancionados se centra precisamente en estos temas de certificados electrónicos y sostenibilidad.
Bruselas ha detectado lagunas en la transposición en relación con la muestra de los certificados de origen de la energía de fuentes renovables.
La Comisión Europea también ha señalado otros problemas relacionados con los criterios de sostenibilidad y la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero de biocombustibles, biolíquidos y combustibles de biomasa.