El Congreso de España ha oficialmente terminado el programa de la Visa de Oro, un programa controvertido que permitía a ciudadanos no pertenecientes a la UE obtener residencia a través de una inversión sustancial en bienes raíces. La decisión, aprobada por un estrecho margen de 177 a 170 votos, significa un cambio en la política de vivienda e inmigración de España, priorizando las necesidades de vivienda locales sobre la inversión extranjera.
El programa de la Visa de Oro, lanzado en 2013, requería una inversión mínima de €500,000 en propiedad española para asegurar la residencia. Los defensores lo elogiaron por impulsar la inversión extranjera y ayudar a la recuperación económica después de la crisis financiera. Sin embargo, los críticos argumentaron que inflaba los precios de la vivienda, reducía la asequibilidad y planteaba preocupaciones sobre el lavado de dinero y la evasión fiscal.
La abolición sigue al anuncio del primer ministro Pedro Sánchez en abril de 2024 resaltando el papel del programa en exacerbar los desafíos de vivienda, especialmente en centros urbanos como Madrid y Barcelona. Estas áreas han visto un aumento en la demanda, tensionando la disponibilidad de viviendas para los residentes locales.
Al mismo tiempo, el Congreso ha introducido procedimientos legales de vía rápida para casos de ocupación ilegal de propiedades. Esta nueva medida tiene como objetivo acelerar los procesos de desalojo, ofreciendo a los propietarios soluciones más rápidas en disputas que involucran la ocupación no autorizada de propiedades.
Los cambios legislativos, parte de la Ley Orgánica de Medidas para la Eficiencia del Servicio Público de Justicia, entrarán en vigor después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
El fin de la Visa de Oro ha generado debate. Los partidarios del movimiento creen que estabilizará los mercados de vivienda y priorizará las necesidades locales. Los opositores advierten que podría disuadir la inversión extranjera y dañar el sector inmobiliario, potencialmente obstaculizando la recuperación económica de España después de la pandemia.
El gobierno ha expresado interés en explorar estrategias alternativas para atraer inversión extranjera mientras aborda las preocupaciones de vivienda. Mientras tanto, los actores del sector inmobiliario están monitoreando la situación de cerca, anticipando posibles cambios en el mercado.