El Primer Ministro de España, Pedro Sánchez, ha intensificado su postura contra los inversores extranjeros en el mercado inmobiliario español, proponiendo una prohibición completa de compradores de propiedades no residentes de fuera de la Unión Europea. Esto incluye a compradores de segundas residencias de países como el Reino Unido y Estados Unidos.
En un mitin del Partido Socialista en Extremadura el domingo 19 de enero, Sánchez detalló el plan de su gobierno para abordar lo que él llamó especulación en el mercado inmobiliario por parte de compradores no residentes y no pertenecientes a la UE. Él declaró:
“Solo en 2023, según los datos más recientes, se vendieron 23,000 casas y apartamentos a extranjeros no residentes y no pertenecientes a la UE. Estas personas no son de la Unión Europea, sino de fuera. Propondremos prohibir a estos extranjeros no residentes y no pertenecientes a la UE, que ni viven aquí ni tienen familia aquí, la compra de propiedades en España, ya que están especulando puramente con estas viviendas.”
Esta propuesta marca una escalada significativa desde la sugerencia de política anterior de Sánchez, hecha el 13 de enero, de imponer un impuesto de hasta el 100% sobre las compras de propiedades residenciales por parte de compradores no residentes y no pertenecientes a la UE.
Discrepancias en los datos y afirmaciones
Las cifras de Sánchez sobre el número de viviendas compradas por este grupo han fluctuado. Inicialmente afirmó que se vendieron 27,000 viviendas a compradores no residentes y no pertenecientes a la UE en 2023, pero luego revisó la cifra a 23,000. Sin embargo, los datos de la asociación de notarios de España contradicen estos números, reportando solo 18,648 ventas.
El Primer Ministro ha acusado a los compradores no residentes de fuera de la UE de elevar los precios de las propiedades y hacer que la vivienda sea menos asequible para los ciudadanos españoles. Él argumenta que una alta tributación o una prohibición total frenarían la especulación y ayudarían a aliviar la crisis de vivienda.
Implicaciones para los compradores extranjeros y los mercados inmobiliarios locales
Si se promulga, la prohibición propuesta tendría un impacto importante en los compradores británicos y estadounidenses, que constituyen una gran parte del mercado inmobiliario extranjero de España. Muchos de estos compradores adquieren segundas residencias en áreas costeras como la Costa del Sol, Costa Blanca y Murcia, a menudo con planes de eventual jubilación.
Sin embargo, los críticos advierten que tales medidas podrían perjudicar a las economías locales que dependen de la inversión extranjera en propiedades. La exclusión de los compradores no pertenecientes a la UE del mercado podría reducir significativamente la demanda en estas regiones, potencialmente desestabilizando sus mercados inmobiliarios.
Además, los detractores argumentan que la prohibición haría poco para abordar la asequibilidad de la vivienda en centros urbanos como Madrid y Barcelona, donde la demanda local, la oferta limitada y otros factores económicos son los impulsores principales de los altos precios. Sostienen que la medida apunta al segmento equivocado del mercado y no aborda los problemas fundamentales que afectan a la accesibilidad de la vivienda para los residentes españoles.
A medida que se desarrolla la propuesta de Sánchez, queda por verse si estas medidas lograrán sus objetivos previstos o crearán inadvertidamente nuevos desafíos para el mercado inmobiliario y la economía de España.