España aborda la ‘emergencia social’ de la vivienda mientras los alquileres se duplican

Guy Hedgecoe, a business reporter for BBC, shares the story of Blanca Castro, a renter in central Madrid who is facing eviction by her landlord.

Blanca Castro is living in an apartment with serious maintenance issues, including a leaking ceiling with a potential collapse. Despite these challenges, she and her neighbors are determined to stay in the building amidst efforts to force them out by the owners.

The housing crisis in Spain has caused rental costs to skyrocket, with many families spending a significant portion of their income on accommodation. Demand for housing is high, but the supply is limited, leading to fierce competition and soaring prices.

The government is aware of the urgent need for more housing, estimating that between 600,000 and one million new homes are required to meet demand. Measures have been taken to incentivize construction and control rental prices, with a focus on curbing the influence of speculators and ensuring social housing remains accessible.

Local administrations are also addressing the issue of short-term tourist accommodations, which contribute to rising rental costs and displacement of residents. Some cities have implemented restrictions on tourist-flat permits to alleviate the strain on the housing market.

Overall, the housing crisis in Spain is a complex issue that requires a multifaceted approach to ensure affordable and sustainable housing for all residents. El resistencia política ha significado que la legislación solo se está implementando en las regiones del norte del País Vasco, Navarra y Cataluña, y su éxito está abierto a debate.

Los gobiernos regionales y centrales liderados por los socialistas han señalado una caída del 3,7% en los costos de alquiler en áreas de “alta tensión” de Cataluña desde la introducción del límite hace un año, con Barcelona viendo una disminución del 6,4%.

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Sin embargo, los críticos advierten que el límite de alquiler ha asustado a los propietarios y ha causado que miles de propiedades sean retiradas del mercado.

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“En el lado de la oferta, el problema es que todas las medidas tomadas por los gobiernos locales o nacionales van en contra de los propietarios”, dice el Sr. Villén. “Incluso las personas que estaban construyendo nuevas propiedades para alquiler han estado vendiendo sus propiedades porque no quieren entrar en el mercado de alquiler.”

Otra iniciativa propuesta por el gobierno central que ha generado debate es un impuesto de hasta el 100% sobre propiedades compradas por no residentes de fuera de la UE, bajo el argumento de que dichas viviendas a menudo apenas están habitadas. Esta es una medida que, de implementarse, afectaría fuertemente a los compradores británicos.

La oposición conservadora ha acusado al gobierno de ser demasiado severo en su enfoque. Sin embargo, a medida que la indignación pública aumenta sobre este tema, hay muchos otros que quisieran que los líderes del país actuaran de manera mucho más enérgica.

Gonzalo Álvarez, del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos, una organización que lucha por los derechos de los inquilinos, está de acuerdo en que la escasez de viviendas disponibles es un problema, pero insiste en que construir más no es la respuesta.

“Hay una falta de viviendas porque las viviendas están siendo secuestradas – por un lado los pisos turísticos, y por otro lado todos los pisos vacíos pertenecientes a fondos buitre y los bancos”, dice. “Así que no es necesario construir más, no es necesario. Pero las viviendas que tenemos han sido secuestradas.”

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Su organización quiere que el gobierno imponga reducciones drásticas obligatorias en el alquiler a los propietarios y está amenazando con orquestar una huelga nacional de inquilinos que vería a los participantes negarse a pagar su alquiler.

“Los gobiernos [central y locales] no están poniendo límites”, dice el Sr. Álvarez. “Entonces, ¿quién lo hará? Tendremos que hacerlo nosotros.”

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