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El Partido Popular de centro derecha en el Consejo de Mallorca ha pedido la inmediata derogación del decreto que obliga a las empresas de alojamiento y alquiler de coches a cumplir con requisitos de registro y de información documental que, según el PP, son “inaceptables”. Según el partido, esta regulación “genera graves problemas operativos y económicos para las empresas turísticas pequeñas y medianas” y, además, “viola la privacidad de los viajeros al exigir la recopilación de hasta 30 datos por reserva de alojamiento y hasta 60 en el caso del alquiler de coches”.
La portavoz del PP en el Consejo de Mallorca, Núria Riera, afirmó que esta nueva regulación “no tiene en cuenta la realidad del sector” y “obliga a las empresas a enfrentarse a una carga administrativa y tecnológica excesiva, lo que podría tener un impacto directo en la competitividad del turismo mallorquín”. Riera también destacó que el decreto ha sido “impuesto sin diálogo” y sin una suficiente consulta con las empresas afectadas.
Además, la portavoz ha denunciado la “falta de preparación técnica” para la implementación del decreto, lo que, según ella, ha llevado a un “verdadero caos operativo”. Una situación, aseguran, agravada por la “inacción” del gobierno central, que “no ha respondido a las peticiones de las diferentes asociaciones del sector ni ha abierto canales de comunicación efectivos con los afectados”.
Esto, según Riera, “perjudica especialmente a aquellas empresas más pequeñas, que cuentan con menos recursos para asumir nuevos costes y requisitos legales”. La regulación tiene como objetivo reforzar la seguridad pública y prevenir la delincuencia, pero ha generado un amplio debate debido al fuerte impacto que tiene en la privacidad de los usuarios y en los costes de gestión para los empresarios. En opinión de Riera, esta regulación, “aprobada sin ningún consenso con la comunidad empresarial”, es “desproporcionada” y debe ser derogada de inmediato.