Un JUEZ ha desestimado una demanda de compensación de €2.2 millones presentada por familias de 15 personas que fallecieron por Covid-19 en 2020 en una residencia de la provincia de Alicante.
Los familiares afirmaban que la empresa Quavitae Servicios Asistenciales, que gestiona la residencia Domus VI en Alcoy, había sido negligente.
74 de los 138 residentes fallecieron a causa del coronavirus durante un período de dos meses en 2020.
Un juez de Alcoy publicó una sentencia de 257 páginas el jueves tras el juicio del otoño pasado, pero el veredicto puede ser apelado ante la Audiencia Provincial de Alicante.
El juez concluyó que los demandantes no pudieron demostrar que la empresa fuera negligente en cuanto a la contracción del coronavirus dentro de la residencia o al nivel de atención proporcionado a los residentes.
La sentencia dice que los casos de Covid no se podrían haber evitado “incluso si se hubieran obtenido más mascarillas y batas protectoras”, debido al número de trabajadores y residentes, así como a los familiares que iban de visita.
Agregó que Domus VI el 8 y 9 de marzo de 2020 intentó “restringir las visitas de todos los miembros de la familia tanto como fuera posible” y realizó cambios de habitación para aislar a los residentes.
Esto ocurrió antes de que entraran en vigencia las restricciones a nivel nacional más tarde ese mes.
La sentencia establece que una residencia de ancianos no es un hospital y que no se puede atribuir un cargo de negligencia médica a Quavitae Servicios, ya que el personal no eran profesionales de la salud.
El juez continuó: “La pandemia que experimentamos a partir de marzo de 2020 en España no se ajusta a ningún margen de normalidad y superó los límites de cualquier actividad socio-sanitaria”.
Señaló que la pandemia también causó escasez de trabajadores de salud y cuidado social, así como de materiales de protección, lo cual fue un problema “internacional” y por lo tanto no fue culpa de la empresa.
El tribunal observó que el juicio debía realizarse en base a lo que se sabía sobre Covid-19 en 2020 y no en base a la retrospectiva.
“Si nuestro gobierno no pudo prever o prevenir la pandemia, entonces claramente no se debería exigir una mayor demanda a una persona privada”, continuó la sentencia.