El viernes, el gabinete aprobó dos decretos, uno de los cuales corrigió 34 enmiendas a artículos de legislación que el Gobierno Balear (del Partido Popular) había votado por error en el parlamento hace quince días.
Estas enmiendas, propuestas por la extrema derecha Vox, incluían el apoyo para darle al Castellano al menos el mismo peso que al Catalán como idioma de enseñanza. Cuando se dio cuenta de que los 25 miembros del PP, que gobiernan con minoría, habían cometido el error, hubo una solicitud del PP de una nueva votación; Vox no estaba de acuerdo con esto.
Sin embargo, dado los procedimientos, el gobierno pudo salir de su agujero autoimpuesto simplemente emitiendo un decreto para anular el error.
El otro decreto aprobado fue la aprobación de un decreto previamente aprobado, el tan publicitado decreto de simplificación administrativa del gobierno. Los partidos de la oposición habían tomado una excepción particular a las disposiciones que permitían la legalización de edificios e incluso el desarrollo potencial de nuevos edificios en áreas propensas a inundaciones. El nuevo decreto, considerado por la oposición como “absolutamente necesario” dada lo sucedido en Valencia, prohíbe la construcción de nuevas viviendas y de instalaciones sensibles en zonas de inundación, así como la legalización de edificios.
En cuanto a la aprobación del parlamento de estos decretos, que se espera la próxima semana, la oposición ha acordado abstenerse en el nuevo decreto de simplificación administrativa y votar a favor del decreto que corrige los errores. Esto equivale a lo mismo, ya que ambos recibirán la aprobación parlamentaria.
A cambio de apoyar el segundo de estos decretos, el gobierno ha acordado no derogar la ley de memoria democrática (que Vox ha estado buscando).
El portavoz del PSOE, Iago Negueruela, ha acusado a Vox de intentar chantajear al PP y dice: “Estamos comenzando un camino hacia la reconstrucción de políticas con las que el PP nunca debería haber estado de acuerdo con Vox.” Por varias razones, pero la cuestión del Castellano-Catalán en particular, el PP ya no puede contar con el apoyo parlamentario de Vox. En realidad, este apoyo nunca se basó en bases sólidas, y así ha resultado.
Como consecuencia, no hay mayoría para aprobar el proyecto de ley presupuestario de 2025. Este fue retirado a principios de esta semana, y el presupuesto de 2024 tendrá que prorrogarse hasta el próximo año a menos que se llegue a algún acuerdo con la oposición.