El Ministerio Fiscal ha acusado al exconcejal de Orihuela Ángel Noguera (Ciudadanos) de prevaricación administrativa por bloquear deliberadamente el pago de facturas a un contratista de mantenimiento de carreteras.
A pesar de que las facturas fueron aprobadas por el personal municipal encargado de verificar los servicios, Noguera se negó a autorizar el pago durante casi tres años, deteniendo efectivamente todo el proceso.
Cargos y Penas Solicitadas
El Juzgado de Instrucción Número 2 de Orihuela ha iniciado un procedimiento contra Noguera, buscando responsabilizarlo por un delito continuado de prevaricación administrativa. La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado una inhabilitación de 14 años para ocupar cargos públicos para el exconcejal, citando su negativa intencional a firmar las facturas de Zaplana Caselles, una empresa contratada para mantener y reparar las carreteras públicas en Orihuela Costa.
Entre febrero de 2020 y noviembre de 2022, Noguera se negó sistemáticamente a firmar las facturas, a pesar de que los supervisores técnicos confirmaron que los servicios se habían prestado y toda la documentación requerida estaba en regla.
Su negativa causó un atasco en el proceso de pago, ya que las facturas no podían avanzar a los departamentos de Contabilidad e Intervención para su aprobación final sin su firma.
Acciones Arbitrarias y Falsedades
Según la acusación, Noguera actuó de manera arbitraria, sabiendo perfectamente que retener su firma bloquearía los pagos al contratista. Para justificar sus acciones, citó presuntas deficiencias en las facturas, alegando que carecían de documentación requerida por el contrato. Sin embargo, el técnico supervisor confirmó en repetidas ocasiones que toda la documentación necesaria había sido proporcionada al Ayuntamiento.
La fiscalía también sostiene que Noguera abusó de su cargo para obstaculizar deliberadamente al contratista. Sus acciones, consideradas “contrarias a la verdad”, no solo fueron injustificadas, sino que causaron un daño financiero significativo al contratista y perturbaron el mantenimiento de las carreteras públicas en la zona, lo cual aún no se ha recuperado.
Advertencias Ignoradas
A medida que crecía el retraso en las facturas impagas, el auditor del Ayuntamiento advirtió formalmente a Noguera por escrito que su negativa a cumplir con las obligaciones de pago podría exponerlo a responsabilidad personal y causar daños económicos al Ayuntamiento.
Noguera ignoró esta advertencia, reiterando afirmaciones infundadas sobre la insuficiencia de documentación. A pesar de ser advertido sobre la ilegalidad de sus acciones, continuó bloqueando los pagos.
Nombramientos no Autorizados y Órdenes Verbales
Para complicar aún más la situación, Noguera designó unilateralmente a dos personas de su elección para supervisar el contrato. Estos designados carecían de autorización legal o aprobación administrativa adecuada para actuar como supervisores. A pesar de esto, comenzaron a emitir órdenes verbales a los empleados del contratista, evadiendo los procedimientos estándar y la autoridad del contratista.
Uno de los técnicos inicialmente designados dimitió debido a las irregularidades, lo que llevó a Noguera a reemplazarlo por otra persona en la que confiaba. Esto profundizó aún más las prácticas arbitrarias en torno al contrato.
Coacción y Evidencia Grabada
Un momento clave en el caso ocurrió durante una reunión grabada entre un gerente de la empresa y uno de los empleados no autorizados designados por Noguera. Según la grabación, el técnico sugirió que si la empresa realizaba trabajos adicionales fuera del alcance del contrato, como repintar una barandilla de tres kilómetros en La Caleta y reparar el parque Aguamarina, Noguera agilizaría el pago de las facturas.
Si la empresa se negaba, los pagos seguirían estancados y el contratista tendría que emprender acciones legales, lo que causaría más retrasos.
Esta demanda de trabajo fuera del contrato llevó a la empresa a presentar una queja formal contra Noguera, acusándolo de utilizar los retrasos en los pagos para coaccionar al contratista a proporcionar servicios adicionales.
Defensa e Implicaciones Políticas
En su defensa, Noguera argumentó que los retrasos en los pagos se debían a presuntas infracciones por parte del contratista en la construcción de una instalación de almacenamiento. A pesar de estas afirmaciones, la fiscalía mantiene que sus acciones fueron ilegales y deliberadamente obstruccionistas.
El caso también tuvo repercusiones políticas para el partido Ciudadanos. José Aix, el líder de Ciudadanos en Orihuela, apoyó públicamente a Noguera durante la investigación e incluyó su nombre en la lista electoral del partido en el puesto número 4, para las elecciones municipales de mayo de 2023, donde Ciudadanos obtuvo tres escaños en el concejo.
Compensación y Responsabilidad Civil
La fiscalía ha solicitado que se ordene a Noguera pagar €16,783 en compensación al contratista por las pérdidas financieras incurridas debido a los pagos retrasados, incluidos los intereses. El Ayuntamiento sería responsable subsidiario de esta cantidad. Además, el tribunal ha ordenado a Noguera y al Ayuntamiento que depositen una fianza de €23,992 para cubrir estas posibles responsabilidades.
Impacto en la Comunidad
Los retrasos en los pagos y la falta de mantenimiento resultante causaron una gran insatisfacción entre los residentes de Orihuela Costa, donde el mal estado de las carreteras públicas ha sido una fuente recurrente de quejas. Este caso destaca el impacto más amplio de las fallas en la gobernanza en la infraestructura local y la confianza pública.