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La protesta del sábado contra la situación de la vivienda en Mallorca atrajo a menos personas que la manifestación del año pasado en mayo. En aquella ocasión, según los organizadores, hubo 25.000 personas. Este año hubo 12.000. La delegación del Gobierno español en las Baleares, que autoriza las protestas, cifró la asistencia del sábado en 3.000; informó de 15.000 el pasado mayo.
Carme Reynés, portavoz del colectivo Banc de Temps, uno de los grupos organizadores, reconoce que la cifra fue menor. Atribuye esto a que la gente está desmoralizada. Lejos de mejorar la situación de la vivienda, está empeorando. La emergencia habitacional, cree ella, está alcanzando niveles insostenibles, y acceder a una vivienda, ya sea en alquiler o en compra, se está volviendo cada vez más difícil.
Reynés señala que los mallorquines están siendo expulsados de la isla, ya que no tienen otra opción que mudarse a otras regiones de España para encontrar un hogar. “Cada vez más personas se ven obligadas a irse. Los precios de la vivienda son inaccesibles para los trabajadores”. La clase media se está viendo afectada de una manera que no lo había hecho anteriormente.
En su opinión, la política de vivienda del Gobierno balear no está dando resultados, y ella está exigiendo la adopción de medidas que considera podrían ser más efectivas. Una de ellas es la declaración de las Islas Baleares como zona tensionada, con el objetivo de limitar los precios del alquiler. (El gobierno ha rechazado esto). Otra es que las viviendas no se puedan adquirir sin haber residido en las islas durante al menos cinco años.
Pero ella es pesimista de que se haga algo y se pregunta quién quedará en Mallorca dentro de diez años.
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