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Según la asociación de constructores de las Baleares, el decreto de emergencia habitacional del gobierno ha tenido muy poco impacto. Una medida de alto perfil del Partido Popular tras las elecciones del año pasado, el decreto fue confirmado como ley en mayo. Pero esto no ha logrado marcar ninguna diferencia, dice la asociación.
El decreto (aprobado a finales de septiembre) y ahora ley están diseñados para crear lo que el gobierno ha denominado viviendas a precio limitado. Se darán permisos para ciertos cambios en edificaciones existentes para crear alojamientos residenciales ya sea para la venta o el alquiler a tarifas determinadas por el gobierno y que varían según la ubicación.
La opción más factible es la conversión de locales comerciales. Sin embargo, la asociación señala que ha habido poco desarrollo en este sentido y culpa a los ayuntamientos por la falta de progreso.
La gerente de la asociación, Sandra Verger, señala que ninguna de las disposiciones para este tipo de viviendas implica el uso de más terreno. “Es importante que los ayuntamientos los apoyen, pero no lo están haciendo”. Algunos ayuntamientos, señala, han impuesto el requisito de que los locales tengan que haber estado cerrados durante diez años. “¿Tener que esperar diez años? No tiene sentido”.
Otro requisito es la obligación de crear una plaza de aparcamiento. “Eso no es factible en muchos casos. Son cosas sin sentido que no contribuyen a la generación de nuevas viviendas”.
Las cifras del ministerio de vivienda indican que, de los 67 municipios de las Baleares, solo 23 han adoptado regulaciones para la conversión de locales. Otros 29 no han hecho ninguna declaración al respecto, mientras que otros diez han suspendido temporalmente las solicitudes hasta que se tome una decisión definitiva. En cinco municipios, se ha decidido no permitir la conversión. El ministerio tiene conocimiento de 40 proyectos de viviendas a precio limitado. “Esto nos parece muy poco”, dice Verger.
El gobierno señala que los ayuntamientos tienen hasta el 10 de agosto para adoptar una posición definitiva. Es “normal” que las autoridades locales se tomen su tiempo en estudiar el texto legislativo y las implicaciones de aplicar las diferentes opciones.
El presidente de la federación Felib de ayuntamientos, el alcalde de Maria de la Salut Jaume Ferriol, dice que la mayoría está a favor de la conversión. “Los constructores deberían estar contentos”, opina. Añade que se está considerando seriamente otra posibilidad: la división de grandes apartamentos existentes en otros más pequeños, mientras que una tercera opción, añadir pisos adicionales a los edificios, es algo que cree que solo es realmente factible en los municipios más grandes.
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