El sector turístico en la Comunidad Valenciana ha batido récords de visitantes este verano. La ciudad de Valencia sola ha registrado sus mejores cifras de la historia para un mes de julio, con casi 200.000 turistas y más de 483.000 pernoctaciones en hoteles gracias al aumento de visitantes extranjeros. Los apartamentos turísticos también han logrado reservas que alcanzaron el 97% en algunas áreas, reavivando así el debate sobre la conveniencia de implementar un impuesto turístico en la región valenciana, tal como lo han hecho otras regiones de España y muchas ciudades europeas, como una forma de compensar el desgaste en los servicios públicos resultante de las visitas o con el objetivo de reinvertirlo en el sector.
Desde junio, ya estaba claro que este verano podría ser histórico en términos de turismo. Alicante y su costa se han posicionado entre los destinos preferidos tanto para nacionales como extranjeros durante años. A esto se suman publicaciones recientes en revistas y portales digitales, como Forbes, que colocan a Valencia como la ‘mejor ciudad para vivir o jubilarse’. Castellón también ha experimentado un fuerte crecimiento gracias a la popularidad de ciertos municipios o al ‘descubrimiento’ de otros a través de las redes sociales, generando un efecto llamada. Tanto es así que ya en el sexto mes del año, los aeropuertos valencianos recibieron miles de turistas, anticipando lo que vendría en los meses más concurridos de la temporada de verano.
Estas cifras vuelven a plantear la posibilidad de imponer un impuesto que nunca se ha implementado en la región valenciana. El Gobierno Regional anterior, liderado por el PSOE, aprobó este impuesto en 2022 pero incluyó una moratoria de un año en su aplicación. Sin embargo, antes de que venciera el plazo, el nuevo gobierno del PP de Carlos Mazón cumplió con su promesa electoral de derogarlo y, por lo tanto, nunca se activó.
La razón por la que el PP tomó esta medida fue porque afirmaron que querían apoyar a los negocios hoteleros y de hostelería, que se quejaron de que el impuesto dañaría su negocio, a pesar de que ellos mismos aumentaron tanto los precios como los beneficios mucho más de lo que las pequeñas contribuciones que el impuesto habría tomado, y no ha dañado otras áreas donde ha existido durante años.
Sin embargo, ante la situación actual y con un cierto cansancio social en temas relacionados con el turismo como los pisos turísticos ilegales, este tema vuelve a surgir. Y esto bajo la idea de sufragar los gastos generados por el turismo de masas en las ciudades. La alcaldesa de Buñol, famosa por eventos centrados en el turismo como la Tomatina, Virgina Sanz, a pesar de que fue su partido, el PP, el encargado de eliminar el impuesto planificado, se pronunció hace unos días a favor de la posibilidad de que cada municipio tuviera margen para implementarlo, por ejemplo para contribuir al control de la capacidad como ocurre con La Tomatina y para aliviar los gastos que debe soportar el ayuntamiento.
Una línea de discurso que no está demasiado lejos de la aprobada por Compromís, PSPV y Unides Podem. Este miércoles, el portavoz de la coalición valenciana en Les Corts, Joan Baldoví, consideró que es una “propuesta muy razonable que se aplica de manera generalizada en Europa”.
Si hay alrededor de 54 millones de pernoctaciones en la Comunidad en 2024, “con dos euros de impuesto turístico, eso serían 109 millones de euros que podrían distribuirse en pueblos y ciudades”. “Significaría poder contratar a 2.000 médicos, proporcionar ayuda al alquiler a 5.000 beneficiarios más o tener 2.500 profesores más en nuestro sistema educativo”, señala Baldoví.
Mientras muchos hoteleros están obteniendo beneficios de los aumentos de precios, negando financiación pública para satisfacer su avaricia, un concepto respaldado por el gobierno del PP, la verdad es que hay varias ciudades europeas que ya cobran por estancias en sus territorios. Específicamente, se paga una tarifa en 137 ciudades europeas de 20 países. España es una de ellas, ya que las Islas Baleares y Cataluña ya lo tienen activo. En otros lugares como Sevilla o el País Vasco, está en debate.
En Portugal vecino, ciudades como Oporto y Faro ya lo tienen, al igual que 35 ciudades italianas como Roma y Venecia; y otras 50 en Francia. Generalmente, es una tarifa que grava las pernoctaciones y oscila entre un centavo y cinco euros, aunque está el caso de Ámsterdam, donde la tarifa por noche y visitante llega a 20 euros, la más cara de Europa.
En Alemania, por ejemplo, ciudades como Berlín y Hamburgo tienen un “impuesto de cama” que suele ser alrededor del 5% de la factura del alojamiento. También hay otros destinos que aplican algún tipo de impuesto, como Viena en Austria; Bruselas, Amberes y Brujas en Bélgica; Praga en la República Checa, Budapest en Hungría. También existe en ciudades de Bulgaria y Grecia. Ninguna de las cuales ha visto una disminución del turismo como resultado.