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Una división en el gobierno de coalición de izquierda de España sobre un plan para implementar una semana laboral más corta con el mismo salario estalló abiertamente hoy, viernes, después de que la ministra de Trabajo del país acusara al ministro de Economía de “ponerse del lado de los empleadores”. La ministra de Trabajo Yolanda Díaz, quien lidera el partido de extrema izquierda Unidas Podemos, dijo a la emisora de radio estatal RNE que había “discrepancias manifiestas” con el Partido Socialista del Primer Ministro Pedro Sánchez sobre el plan, y apeló a sus colegas a “respetar el comité de expertos” que lo elaboró.
Se dirigió al Ministro de Economía, Carlos Cuerpo, quien sugirió que el plan debería retrasarse un año para dar tiempo a las pequeñas empresas a adaptarse. Cuerpo “debe decidir de qué lado está, si del lado de los trabajadores de este país que piden vivir un poco mejor, o del lado de los empleadores”, dijo.
Una fuente del ministerio de economía de España dijo que el gobierno seguía comprometido con el plan y que implementarlo era “una prioridad”. “Debemos seguir apostando por una política económica que funcione y que garantice la sostenibilidad de nuestros logros económicos y sociales”, añadió la fuente.
España fue una de las economías con mejor desempeño de Europa el año pasado, con un crecimiento impulsado por un auge turístico, la migración y un mercado laboral en fortalecimiento. Díaz, quien también es vicepresidenta, hizo que el plan de reducir las horas de trabajo fuera central para el apoyo de su partido al gobierno en minoría del Primer Ministro Sánchez. Su objetivo es reducir las horas de trabajo a 37,5 por semana desde las actuales 40, sin cambios en el salario, antes de finales de 2025.
El banco central de España y el ex ministro de economía han advertido que costos laborales más altos podrían alimentar la inflación y frenar la creación de empleo. Las empresas también han expresado su preocupación. La principal asociación de empleadores de España, CEOE, argumenta que una semana laboral más corta no debería ser impuesta por ley, sino a través de la negociación colectiva, con cada empresa capaz de adaptarla a sus necesidades específicas.