La larga disputa sobre el paseo marítimo de Cabo Roig finalmente ha sido resuelta, allanando el camino para su reapertura este verano, y a una fracción del costo originalmente demandado por los propietarios de terrenos.
La Junta de Expropiación Provincial ha fijado la compensación final en 26,180€, significativamente menor que los 3 millones de euros solicitados inicialmente. En 2024, el Ayuntamiento de Orihuela tenía presupuestados 600,000€ para cubrir la expropiación y trabajos relacionados; el acuerdo final libera fondos sustanciales para futuros proyectos de infraestructura.
Los disputados 227 metros cuadrados de terreno, cruciales para restablecer el acceso peatonal entre Aguamarina y La Caleta, habían estado en el centro de una amarga batalla legal y financiera. Los propietarios primero reclamaron 3 millones de euros antes de reducir su demanda a 1.2 millones de euros.
En contraste, los tasadores municipales valoraron el terreno en aproximadamente 70,000€.
Dado que no se llegó a un acuerdo, el asunto fue remitido a la Junta de Expropiación Provincial, que emitió la valoración final la semana pasada.
Las propiedades afectadas incluyen:
142 metros cuadrados de propiedad colectiva de 52 residentes, cuyas reclamaciones bajaron de 2 millones de euros a alrededor de 170,000€, y
85 metros cuadrados propiedad de Cabo Roig S.A. para desarrollo hotelero, inicialmente valorados en 1 millón de euros.
Tras la decisión de la Junta, el Ayuntamiento de Orihuela ha solicitado los 26,180€ del Tesoro municipal para depositar la compensación e iniciar el proceso de ocupación. Se espera que el paseo marítimo reabra a tiempo para la temporada turística de verano.
En 2016, un tribunal dictaminó que el camino no formaba parte formalmente del dominio público, ordenando al Ayuntamiento reconstruir el muro.
Una BATALLA LEGAL PROLONGADA
La disputa se remonta a 2013, cuando los residentes del complejo residencial Bellavista construyeron un muro a lo largo del paseo en el acantilado, bloqueando el acceso público. El periódico Leader publicó la noticia en su portada, mientras simultáneamente solicitaba el apoyo de los concejales locales.
Aunque inicialmente demolido por trabajadores municipales con aprobación judicial, los desafíos legales posteriores revirtieron la decisión. En 2016, un tribunal dictaminó que el camino no formaba parte formalmente del dominio público, ordenando al Ayuntamiento reconstruir el muro.
El Ayuntamiento, entonces bajo el PP (Partido Popular), no apeló la decisión, haciéndola final. Sin embargo, continuaron apelando partes de su ejecución.
En mayo de 2017, el Servicio Provincial de Costas declaró que la tierra de Aguamarina está sujeta a un derecho de paso, lo que significa que los 52 propietarios residenciales no podían cerrarla legalmente.
El 4 de octubre de 2018, otra orden judicial instruyó al Ayuntamiento a reconstruir el muro. El Ayuntamiento apeló, pero el TSJ desestimó la apelación en noviembre de 2020, dictaminando que el muro fue construido legalmente antes de que entrara en vigencia la Ley de Costas actual, socavando las afirmaciones del Servicio de Costas sobre un derecho de paso. El TSJ también anuló las órdenes de demolición de 2013 del Ayuntamiento.
Por lo tanto, para cumplir con la sentencia de 2016 que requería que la tierra se restaurara a su estado original, el paseo marítimo fue cerrado nuevamente en diciembre de 2021.
Después de años de apelaciones y contrapelaciones, Orihuela fue finalmente obligada a cerrar el paseo en diciembre de 2021, obligando a los peatones a realizar un desvío de dos kilómetros para evitar tan solo 60 metros de costa.
El acuerdo final de 26,000€ pone fin a más de una década de incertidumbre legal y financiera. Con la cifra final de expropiación ahora resuelta muy por debajo de las expectativas iniciales, Orihuela, por fin, puede cerrar el capítulo de esta costosa batalla legal y reabrir una de las rutas marítimas más emblemáticas de Cabo Roig.