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Juanmi Ferrer, presidente de la Asociación de Restaurantes de la CAEB, estima que el cierre de restaurantes en Mallorca aumentará de 186 en 2023 a alrededor de 600 en 2024*.
Destaca que los cierres en 2023, 28 de los cuales fueron por jubilación, ocurrieron “en un buen año”. “2024 ha sido muy duro para el sector. Calculamos que se triplicarán y no descartamos que esta previsión se supere”.
Desde junio, los restaurantes vienen quejándose de una caída en la facturación atribuida a un menor gasto. Pero Ferrer ahora se centra en los costes y en el grado en que han erosionado los beneficios. Estos han pasado de estar cerca del 20% a un 6%-8%, y estos son los “mejores casos”. Afirma que cada vez es más común que algunos restaurantes operen en números rojos en ciertas épocas del año. Esto acaba llevando al cierre de los mismos.
Ferrer destaca los costes extras debido a la insularidad, el aumento de precios, el coste de la mano de obra, el incremento de la presión fiscal y los obstáculos burocráticos. “Nos están asfixiando”.
“Las materias primas son un 12% más caras que en el conjunto de España. Pagamos hasta cuatro veces más por el alquiler, tenemos el convenio colectivo más caro, tenemos dificultades para encontrar personal ya que cada vez menos personas quieren venir a Mallorca debido al alto precio de los alojamientos.
“No podemos servir una cerveza y una tapa por 1,50 euros como hacen en algunos lugares de la península; aquí es totalmente inviable. El precio de la comida es cada vez más alto. Los alquileres también han subido mucho, al igual que el coste de la electricidad y el impuesto de basuras”.
La alta fiscalidad es una de las críticas del sector. “Es abusiva en España en general, pero aún más en las Baleares”. Como ejemplo de esto, menciona la tasa de incineración de residuos, que es “inexistente en otras regiones” pero que se debe pagar incluso cuando los restaurantes están cerrados durante la temporada baja. “Si no generamos residuos, ¿por qué tenemos que pagar por su tratamiento?”
También están las obligaciones burocráticas que siguen sumándose. “Las autoridades nos piden cada vez más planes y protocolos, todos con sus consiguientes gastos que nosotros, los propietarios de negocios, tenemos que asumir”. Como ejemplos cita la huella de carbono, la prevención de riesgos laborales, los planes de igualdad y los certificados médicos para los empleados.
Las inspecciones no ayudan. “Nos miran con lupa. Hay negocios a nuestro alrededor que no cumplen con las normativas. Ellos lo saben pero no hacen nada. Van a aquellos que saben que pagarán las multas; el objetivo es únicamente recaudar ingresos por multas”.
* A principios de este año se informó que hay alrededor de 9.000 bares y restaurantes en las Baleares. No se dio una cifra específica para Mallorca.